El intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, salió a responder las acusaciones de Marcelo Romano tras la fallida asunción del concejal electo y aseguró que el Ejecutivo municipal no tuvo intervención en la decisión de impedirle jurar su banca.
El jefe comunal, Alejandro Morillas, negó haber impedido el ingreso y atribuyó la suspensión del juramento a la condena firme del edil electo.
Alejandro Morillas aseguró que la definición fue del Concejo y que el edil electo estuvo presente durante toda la sesión.
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Ramiro Gómez / Los Andes. El intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, salió a responder las acusaciones de Marcelo Romano tras la fallida asunción del concejal electo y aseguró que el Ejecutivo municipal no tuvo intervención en la decisión de impedirle jurar su banca.
En diálogo con Los Andes, Morillas fue enfático al despegarse del conflicto y atribuir la definición al ámbito legislativo y judicial.
“No tengo ese poder. Ese poder lo puede tener la Justicia Nacional, que justamente la Corte Suprema dejó firme una sentencia, y llegó también desde el juzgado penal la noticia que quedaba firme su sentencia con una inhabilitación de 20 meses”, sostuvo.
En esa línea, el socio político del gobernador Alfredo Cornejo, remarcó que no es competencia del Ejecutivo resolver sobre la situación de Romano.
“No me compete a mí como Ejecutivo tomar esas decisiones, eso lo determina el cuerpo de los concejales”, afirmó, y explicó que fue el propio Concejo el que resolvió suspender su banca hasta que se aclare su situación judicial.
Morillas también rechazó la versión del dirigente de Provincias Unidas sobre un supuesto impedimento para ingresar al recinto. “En ningún momento no lo dejamos subir. Si ven los videos, él está justamente sentado, porque es uno de los concejales que eligió el pueblo”, señaló. Y agregó: “Indudablemente quiere buscar un chivo expiatorio”.
Desde el oficialismo municipal brindaron detalles sobre lo ocurrido durante la sesión preparatoria del jueves y defendieron tanto la organización del acto como la decisión de la Comisión de Poderes.
Según explicaron, la convocatoria se realizó mediante decreto para una sesión especial de toma de juramento, con participación de los concejales que continuaban mandato, quienes dieron quórum, y los nuevos ediles electos.
Uno de los puntos cuestionados por Romano fue la exigencia de precintos para ingresar al recinto. Desde el oficialismo aclararon que la medida respondió a una cuestión de espacio.
En la misma línea, indicaron que el recinto del Concejo es reducido, por lo que se limitó la cantidad de asistentes y se asignaron acreditaciones para organizar el ingreso.
En ese marco, aseguraron que no se trató de una restricción al carácter público de la sesión, sino de una limitación operativa. Sobre la presencia de Romano, afirmaron que participó de toda la jornada.
Según detallaron, estuvo en el recinto durante el desarrollo de la sesión, presenció la conformación de la Comisión de Poderes y permaneció hasta el final, incluso firmando el libro de asistencia. En ese sentido, desmintieron que se le haya impedido el ingreso y señalaron que “todo lo que dice es mentira”.
Respecto a la definición de fondo, remarcaron que la única decisión adoptada fue no tomarle juramento en función del dictamen de la Comisión de Poderes. Esa resolución, indicaron, se basó en la reciente confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dejó firme la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Desde el oficialismo también cuestionaron los planteos de persecución política realizados por Romano. Consideraron que sus declaraciones desconocen el peso institucional de la sentencia judicial y señalaron que se trata de una resolución del máximo tribunal del país.
Marcelo Romano fue electo concejal por el espacio Provincias Unidas en las elecciones legislativas de octubre pasado en San Carlos.
Sin embargo, su situación judicial cambió días antes de la asunción, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena en su contra por el delito de atentado a la autoridad agravado, en un hecho ocurrido en 2019.
La pena establecida incluye 10 meses de prisión condicional y una inhabilitación especial por 20 meses para ejercer cargos públicos. Ese punto es el que generó el conflicto institucional en el Concejo Deliberante, ya que mientras el oficialismo interpreta que la sanción está vigente y le impide asumir, Romano sostiene que el cómputo de la pena aún no está firme.
En ese contexto, la Comisión de Poderes resolvió suspender su juramento hasta contar con precisiones sobre el alcance de la inhabilitación, lo que derivó en que el dirigente no pudiera asumir su banca en la sesión del jueves.