El intendente Marcos Calvente llevó a la Justicia una serie de publicaciones de terrenos no urbanizables en los distritos de Puente de Hierro y Colonia Molina.
El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, presentó la denuncia ante la Justicia
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Prensa Guaymallén
La Municipalidad de Guaymallén presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue una presunta estafa vinculada a la comercialización de terrenos que, según las actuaciones municipales, no están habilitados para ser urbanizados ni destinados a la construcción de viviendas.
El intendente Marcos Calvente explicó que la comuna reunió documentación administrativa, analizó publicaciones realizadas en redes sociales y aportó todas las pruebas a la Justicia para que determine las responsabilidades de las personas involucradas.
"Nos presentamos en el Ministerio Público Fiscal para hacer una denuncia penal contra unas publicaciones que pretendían vender unos terrenos en el departamento de Guaymallén que, según las actuaciones municipales, no gozan de las características para ser urbanizados", sostuvo en conferencia de prensa desde el Polo Judicial.
El jefe comunal indicó que el Municipio tomó conocimiento de la situación a partir de denuncias realizadas por vecinos, quienes consultaron antes de concretar una compra.
Hasta el momento, la comuna detectó tres terrenos ofrecidos en los distritos de Puente de Hierro y Colonia Molina, todos con la misma situación urbanística, y confirmó un caso de una persona que habría adquirido uno de los lotes.
"Estamos recogiendo esa información para incorporarla también a la Justicia", señaló Calvente, quien aclaró que la investigación es reciente y que será el Ministerio Público Fiscal el encargado de determinar si existieron más operaciones o personas afectadas.
Según explicó el intendente, los terrenos no superan el primer requisito que debe cumplir cualquier emprendimiento inmobiliario: la zonificación.
Detalló que las parcelas se encuentran en una zona de reserva ambiental, definida por el Plan de Ordenamiento Territorial, por lo que no pueden destinarse a desarrollos urbanísticos ni a la construcción de viviendas particulares.
"Esos terrenos no están aptos para ese tipo de emprendimiento. Se podrán desarrollar otras actividades, pero no pueden comercializarse para construir viviendas", afirmó.
Uno de los elementos incorporados a la denuncia es el uso de imágenes de obras públicas ejecutadas por el Municipio, que eran exhibidas en las publicaciones para dar apariencia de legitimidad al emprendimiento.
Calvente aseguró que los responsables utilizaron fotografías y videos de trabajos recientes realizados por la comuna en la zona rural del departamento para hacer creer que existía algún tipo de participación oficial.
"Recogían imágenes de obras y tareas de mantenimiento que hemos realizado en la zona y las incorporaban como si el Municipio participara de esa inversión. Eso no es cierto y también forma parte de las pruebas que aportamos", remarcó.
El intendente aclaró además que, hasta el momento, no existen indicios de participación de empleados municipales en la maniobra investigada.
Más allá de la investigación judicial, Calvente puso el foco en la prevención y pidió a los vecinos que verifiquen la situación de cualquier terreno antes de concretar una compra.
El Municipio recordó que cualquier persona puede consultar de forma gratuita si un loteo cuenta con expediente aprobado, si el terreno está ubicado en una zona habilitada para uso residencial y si cumple con las condiciones necesarias para construir una vivienda.
Las consultas pueden realizarse por correo electrónico a [email protected], mediante WhatsApp al 261 244-0944, a través de la página web municipal o en las áreas técnicas de la comuna.
"No le pedimos a los vecinos que conozcan una ordenanza o un plano de zonificación. Para eso está el Municipio. Antes de comprar un terreno, pregunten. Esa consulta puede evitar un enorme perjuicio económico", concluyó el intendente.
Desde la comuna señalaron que la denuncia penal forma parte de una política permanente de prevención, que incluye inspecciones, controles territoriales y campañas de concientización para evitar que más vecinos resulten perjudicados por este tipo de maniobras.
