El intendente de Tunuyán, Emir Andraos, admitió que es una medida de austeridad que podría replicar como lo hicieron otros tres intendentes.
El intendente de Tunuyán, Emir Andraos, acompañado por sus pares de Tupungato, Gustavo Aguilera, y de San Carlos, Alejandro Morillas.
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Prensa Tunuyán
Por la baja recaudación que atraviesan los municipios de Mendoza, ya sea por caída de la coparticipación o mayor morosidad de los vecinos con las tasas de servicios, tres intendentes debieron ajustarse puertas adentro y congelaron los salarios de sus funcionarios. Ahora, podría sumarse uno más desde el Valle de Uco.
La medida de austeridad salta la grieta política, ya que el primero en aplicarla fue el intendente de Capital, Ulpiano Suárez (UCR); luego siguieron en la misma sintonía los peronistas Matías Stevanato (Maipú) y Flor Destéfanis (Santa Rosa).
Este martes, el intendente de Tunuyán, Emir Andraos (PJ), sostuvo que "la caída de la coparticipación es muy preocupante y estamos logrando resistir esta mala temporada", pero advirtió que analiza medidas de austeridad como el congelamiento de sueldos de funcionarios.
"Hay dos problemas importantes. Primero, la gran cantidad de gente que hay sin trabajo, y lo vemos diariamente porque tenemos pedidos frecuentes de eso. Pero también el empleado asalariado no está llegando a fin de mes; el 20 o 25 de cada mes se está quedando sin dinero", planteó el jefe comunal tras participar de una reunión con sus pares del Valle de Uco y la presidenta del Emetur, Gabriela Testa.
"Y es un problema motivar a un empleado para que sea productivo si durante 10 días no tiene dinero", sostuvo, al aclarar que se trata de los empleados municipales.
Y comentó: "Estamos buscando cómo atravesar este proceso, esperanzados en que se reactive la economía y la gente vuelva a tener dinero. Sobre todo porque el turismo para nosotros genera una matriz productiva importante y hoy vemos una caída importante".
"Estamos estudiando el congelamiento de los funcionarios, no así de los empleados, que no llegan a fin de mes", aclaró el intendente de Tunuyán.
Luego comentó a Los Andes que la decisión final surgirá de la proyección de la coparticipación para "los meses que vienen" y que "solo eso no alcanza; hay que revisar todo el presupuesto y hacer los ajustes en todos los egresos" del erario municipal.
El primer intendente en tomar esta decisión fue el radical Ulpiano Suárez, quien informó a principios de este mes que había decidido, por decreto, congelar los sueldos por seis meses, hasta diciembre.
La norma alcanza a las autoridades superiores y extraescalafonarias del Departamento Ejecutivo, así como a los Juzgados Administrativos de Tránsito comprendidos en el Anexo A de la Ordenanza Presupuestaria anual.
Entre los argumentos expuestos, el decreto mencionó una disminución de los recursos coparticipables que reciben provincias y municipios, situación que llevó al Ejecutivo comunal a implementar medidas orientadas a preservar el equilibrio fiscal y la sostenibilidad financiera.
Luego de Suárez siguió el justicialista Matías Stevanato, quien directamente aplicó un plan de ajuste que incluye una reducción del 20 % de los cargos políticos, el congelamiento de los salarios de los funcionarios por tiempo indeterminado y un recorte del 20 % de los gastos corrientes.
En julio pasado, la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis (PJ), anunció que no aumentará los salarios del Poder Ejecutivo municipal debido al "difícil contexto económico" y "para garantizar los servicios".
Por medio de un comunicado difundido en redes sociales, Santa Rosa informó: "Por decreto municipal y en el marco del difícil contexto económico que atraviesa nuestro país, la intendenta municipal, Dra. Flor Destéfanis, anunció que se congelarán los sueldos de los funcionarios del Ejecutivo hasta diciembre y comenzará a regir a partir de julio" (SIC).
El mensaje agrega: "La medida está orientada a preservar el equilibrio fiscal y la sostenibilidad financiera del municipio, teniendo en cuenta la disminución de los recursos coparticipables que recibe el municipio".
"La decisión de la intendenta sostiene la necesidad de preservar los recursos públicos de manera eficiente y garantizar la continuidad de los servicios a nuestros vecinos", dice el último párrafo.
