Janina Ortiz fue condenada por corrupción en Las Heras y la Cámara de Diputados la destituyó por unanimidad. ¿Quién podría reemplazarla?
La diputada provincial suspendida Janina Ortiz fue expulsada del cuerpo legislativo.
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Archivo Los Andes
Janina Ortiz hizo historia en Mendoza pero por un lamentable hito: es la primera legisladora provincial en ser expulsada desde el retorno de la democracia. La Cámara de Diputados aprobó hoy por unanimidad su destitución del cuerpo, tras ser condenada por delitos de corrupción en Las Heras a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Tras aceptar su culpabilidad en un juicio abreviado, Ortiz podría haber renunciado a su banca como hicieron otros exlegisladores que resultaron condenados por corrupción anteriormente, pero no lo hizo y por lo tanto el cuerpo legislativo avanzó con el proceso de remoción correspondiente.
La Comisión de Derechos y Garantías aprobó un dictamen el lunes pasado para que fuera apartada definitivamente en la sesión de este mediodía y hoy fue aprobado por 46 votos afirmativos y una sola ausente: Aixa Moreno (PJ).
También el cuerpo aprobó declarar la vacancia de la banca legislativa y solicitar a la Junta Electoral que remita el orden que prosigue para su reemplazo. Por otro lado se aprobó declarar "improcedente" el reclamo judicial que ha planteado la exdiputada sobre los salarios suspendidos desde marzo de 2024.
De este modo se cerró la carrera política de la exsecretaria de Gobierno de Las Heras -bajo el sello de la UCR- que fue electa como diputada en el año 2023 por La Unión Mendocina, tras el salto de su marido, el exintendente Daniel Orozco al frente opositor que lideró Omar De Marchi.
Por el tenor histórico de esta votación, Andrés Lombardi (UCR) dejó la presidencia de la Cámara por unos minutos al vicepresidente primero diputado Matías Montes (PJ) y bajó a las bancas para expresar su opinión sobre el episodio Ortiz.
Resaltó que "estamos tratando el primer expediente de expulsión de un legislador mendocino, por lo menos desde 1983 a la fecha".
"En la historia de esta Legislatura hubo varias decisiones de suspensión, pero una expulsión, es la primera. Y no es un tema menor. Es una decisión que esta Cámara tiene que tomar por el significado que tiene para la historia y por el mensaje que pretende transmitir a la ciudadanía”, sostuvo.
“La decisión que tomó esta Cámara en su momento no fue una evaluación sobre la culpabilidad o no de los hechos, sino sobre el comportamiento de quien tenía la responsabilidad de representar al pueblo. No correspondía a la Cámara determinar si era culpable, pero sí evaluar si era ético lo que estaba haciendo y si merecía ser representante del pueblo", sostuvo el legislador.
"Hoy tenemos una sentencia judicial que constituye la base de por qué procedemos a la expulsión. Esto también despeja las críticas que en su momento señalaban que nuestra decisión respondía a una persecución política”, agregó.
Asimismo, dijo que “nos hubiera gustado que como una persona de bien hubiera traído la renuncia y no quedar como la primera persona expulsada de la Legislatura, en la historia de Mendoza. Pero este mecanismo que hoy estamos utilizando también es un mensaje para los mendocinos y una reafirmación de lo actuado por esta Cámara”.
El exsenador demócrata Federico Leal Serú (década del 90) y la exsenadora peronista Esther Beatriz Pedernera son algunos de los antecedentes de legisladores provinciales que dejaron sus bancas antes de ser destituidos.
En el caso del demócrata renunció a su banca luego de ser juzgado por una denuncia de corrupción vinculada con su actividad profesional como abogado. Mientras que Pedernera solicitó una licencia sin goce de haberes cuando restaban cuatro meses para que finalice su mandato en 2006.
En 2010 fue condenada a dos años de prisión en suspenso por fraude a la administración pública en la modalidad de administración fraudulenta.
El diputado Mauro Giambastiani (Mejor Mendoza) fue el miembro informante del proyecto de destitución, quién sostuvo que "queríamos ser muy claros en la comisión en declarar improcedente el reclamo que ha hecho sobre los salarios `adeudados o dietas correspondientes`, lo cual vamos a rechazar porque en la suspensión del año 2024 se votó suspensión sin goce de haberes".
Concretamente el artículo 4º establece: "declarar improcedente el reclamo manifestado en relación al cobro de acreencias laborales y dietas correspondiente, ratificando en todos sus términos la resolución N° 1135/24; aprobada por la H. Cámara de Diputados, en ejercicio de sus atribuciones legales y constitucionales".
El presidente de la Comisión de Derechos y Garantías, Julio Villafañe (PJ), también remarcó este pedido a la hora de exponer: " La verdad que sería muy gravoso llegar a esa instancia. Cualquier ciudadano que es suspendido de su trabajo no percibe su salario y la verdad que en este caso como son hechos de corrupción sería vergonzoso para todos".
"Ojalá se haga justicia como todos queremos, que los dineros que han sido usurpados de la comunidad de Las Heras vuelvan de alguna manera y se les reconozca los delitos como corresponde", comentó el legislador tunuyanino.
Ahora se declarará vacante su banca y se notificará a la Junta Electoral para avanzar con el procedimiento de reemplazo. La dirigente del PRO, María Belén Castillo, quien sigue en el orden de la lista de La Unión Mendocina por la que Ortiz fue electa en 2023, es quien aparece para ocupar ese lugar.
Castillo podría asumir su banca la próxima semana, siempre que se completen a tiempo los trámites administrativos correspondientes. Su incorporación a la Legislatura dependerá de esos procedimientos tras la expulsión de Ortiz.
