Tras el dictamen favorable de la comisión, la Cámara de Diputados votará su expulsión. La UCR y sus aliados reúnen la mayoría necesaria.
La legisladora podría perder su banca tras la condena judicial. María Belén Castillo podría reemplazarla la próxima semana.
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Ramiro Gómez / Los Andes
La diputada provincial suspendida, Janina Ortiz está a un paso de ser expulsada de la Cámara de Diputados de Mendoza. Luego de recibir una condena judicial por la causa de las cooperativas fantasma de Las Heras, la comisión de Derechos y Garantías aprobó este lunes por unanimidad un dictamen que propone apartarla definitivamente de su banca.
El presidente de la Cámara Baja, Andrés Lombardi, confirmó a Los Andes que la expulsión será tratada este miércoles, durante la sesión ordinaria. Para concretar la medida se necesitará el respaldo de dos tercios de los legisladores presentes, una mayoría que el oficialismo provincial reúne junto con sus aliados.
Consultado sobre los votos necesarios para avanzar con la destitución, Lombardi sostuvo: "Deberían estar por completo, tiene una sentencia que la inhabilita a ejercer cargos públicos".
El dictamen fue aprobado por la comisión que preside el diputado peronista Julio Villafañe y plantea que Ortiz perdió las condiciones de idoneidad y elegibilidad para continuar ejerciendo su función legislativa. La resolución se fundamenta en los artículos 65 y 91 de la Constitución de Mendoza.
La legisladora, que integra el bloque de La Unión Mendocina, fue condenada a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos, en el marco de un juicio abreviado por hechos de corrupción cometidos durante su paso por la Municipalidad de Las Heras.
La sentencia también alcanzó a su pareja, el exintendente Daniel Orozco, con quien compartió la gestión municipal antes de asumir como diputada provincial en diciembre de 2023.
En declaraciones a con este medio, Lombardi cuestionó la continuidad de Ortiz en la Legislatura tras la sentencia judicial.
"Acá hay una cuestión de fondo que no podemos perder de vista: estamos hablando de hechos de corrupción en la administración de fondos públicos, sobre los que hubo un reconocimiento de culpabilidad ante la Justicia. No estamos frente a una discusión administrativa ni a una diferencia política. Hay hechos concretos y la Justicia ya habló", expresó.
La votación del miércoles tendrá como uno de sus principales aspectos políticos la posición de los distintos bloques que integran la Cámara de Diputados.
De acuerdo con la Constitución provincial, la exclusión de un legislador requiere el acompañamiento de dos tercios de los miembros presentes. En caso de asistencia perfecta de los 47 diputados, serán necesarios 32 votos afirmativos.
El oficialismo provincial cuenta con 21 diputados de la Unión Cívica Radical (UCR), a los que se suman siete de La Libertad Avanza y cuatro del PRO. De esta manera, estos espacios reúnen las 32 bancas necesarias para aprobar la expulsión, siempre que todos sus integrantes acompañen la iniciativa.
A ese número podrían agregarse los representantes de los monobloques Mendocinos por la Libertad y Mejor Mendoza, lo que elevaría el respaldo a 34 legisladores.
Por otra parte, habrá que observar qué posición adoptan los integrantes de La Unión Mendocina, espacio al que pertenece Ortiz y que también integran Jorge Difonso y Rolando Scanio.
En tanto, los distintos bloques del peronismo también acompañarían el pedido de expulsión. De concretarse ese respaldo, la iniciativa sumaría votos por encima de la mayoría requerida.
Ortiz permanece suspendida de su banca desde el 27 de marzo de 2024, cuando la Cámara de Diputados resolvió apartarla por inhabilidad moral mientras avanzaban las investigaciones judiciales en su contra. Desde entonces, dejó de percibir su dieta legislativa.
Tras conocerse la sentencia, la comisión de Derechos y Garantías la convocó para este lunes con el objetivo de garantizarle la posibilidad de ejercer su defensa antes de resolver su continuidad en el cuerpo.
Sin embargo, la diputada comunicó mediante una presentación de su abogado, Raúl Burela, que no concurriría personalmente ni realizaría una exposición oral ante sus pares.
En ese mismo escrito, ratificó su reclamo por las dietas y los sueldos que dejó de cobrar desde marzo de 2024 hasta la sentencia del pasado 20 de octubre. También sostuvo su planteo de inconstitucionalidad contra la resolución que dispuso su suspensión.
El reclamo recibió una dura respuesta de Lombardi, quien defendió la decisión adoptada por la Cámara Baja.
"Nos parece inadmisible que Janina Ortiz haga un reclamo económico cuando estamos hablando de una persona que fue suspendida por una situación de esta gravedad, que incluso confesó su culpabilidad", manifestó.
En esa línea, el presidente de Diputados agregó: "Es una locura, es como decir 'no importa si confesé que fui corrupta, tienen que pagarme por el tiempo en que todo estaba en duda'".
Lombardi también recordó que, cuando la Legislatura resolvió suspender a Ortiz, se interrumpió el pago de sus haberes.
"No se puede pretender cobrar por una función que no se está ejerciendo, mucho menos en el contexto de una causa vinculada con la corrupción en el manejo de fondos públicos", sostuvo.
La comisión de Derechos y Garantías rechazó el planteo económico de la diputada y ratificó la resolución 1135/24, mediante la cual se había dispuesto su apartamiento sin goce de sueldo.
Sobre el proceso judicial vinculado al reclamo salarial, Lombardi aclaró que será la Justicia la encargada de resolverlo, aunque defendió las facultades de la Cámara para adoptar medidas sobre sus integrantes.
"La Justicia tendrá la última palabra en el proceso judicial por el reclamo de las dietas no percibidas, pero la Cámara tiene la obligación de tomar las decisiones que le corresponden", señaló.
Finalmente, insistió en que existen fundamentos para avanzar con la exclusión: "No vamos a mirar para otro lado frente a hechos de esta naturaleza. La institucionalidad también significa poner límites y hacer valer las responsabilidades que tenemos como Poder Legislativo".
En caso de que la Cámara de Diputados apruebe la expulsión de Ortiz este miércoles, se declarará vacante su banca y se notificará a la Junta Electoral para avanzar con el procedimiento de reemplazo.
La dirigente del PRO María Belén Castillo, quien sigue en el orden de la lista de La Unión Mendocina por la que Ortiz fue electa en 2023, es quien aparece para ocupar ese lugar.
Castillo podría asumir su banca la próxima semana, siempre que se completen a tiempo los trámites administrativos correspondientes. Su incorporación a la Legislatura dependerá de esos procedimientos tras la eventual expulsión de Ortiz.
