El Gobierno de Alfredo Cornejo ratificó el convenio para la construcción del nuevo puente sobre la Ruta Provincial N° 15, sobre el Río Mendoza, que demandará una inversión superior a los $1.200 millones, provenientes del Fondo por Resarcimiento. La medida fue formalizada a través del Decreto 2082, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
Según el dictamen técnico incluido en el expediente, la obra tiene como objetivo mejorar la conectividad entre los centros productivos y urbanos del sur metropolitano, ofreciendo mayor seguridad, eficiencia y fluidez al tránsito vehicular. El actual puente, con más de un siglo de antigüedad, “ya no responde a las demandas del presente”, indica el informe.
El acuerdo fue suscripto entre la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, representada por María Teresa Badui, y la Dirección Provincial de Vialidad, a cargo de Osvaldo Romagnoli, el pasado 4 de junio. El decreto lleva las firmas del gobernador Alfredo Cornejo, como de los ministros Natalio Mema (Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial) y Víctor Fayad (Hacienda y Finanzas).
El convenio dispone que la DPV será el organismo ejecutor, encargado de llevar adelante el proceso licitatorio, contratar la empresa constructora, realizar los controles técnicos y rendir cuentas sobre el uso de los fondos.
Por su parte, la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial actuará como autoridad de aplicación, con la misión de coordinar y supervisar el cumplimiento de los plazos, evaluar los informes de avance y aprobar las certificaciones de obra.
Detalles del convenio
El plazo de ejecución fue fijado en 540 días corridos contados a partir de la entrega del anticipo financiero, y el convenio establece que cualquier modificación de las condiciones o plazos deberá contar con la aprobación previa de la Subsecretaría.
El texto también detalla las condiciones de reembolso de los fondos transferidos, en línea con los criterios de elegibilidad definidos en el fideicomiso: cantidad de beneficiarios, impacto territorial, sostenibilidad del proyecto y garantía de prestación del servicio. Estos parámetros buscan asegurar que la obra mantenga su viabilidad económica y funcional a largo plazo.
Asimismo, se dispone que la Mendoza Fiduciaria S.A., en su rol de administradora del fideicomiso, será la responsable de liberar los fondos conforme al cronograma de ejecución y de verificar las rendiciones presentadas por la Dirección Provincial de Vialidad.
El anexo establece además los mecanismos de control y auditoría, que incluyen el seguimiento técnico y financiero por parte de los organismos provinciales intervinientes, la obligación de presentar informes periódicos y la posibilidad de realizar inspecciones en cualquier etapa del proceso constructivo.