El Gobierno quiere recuperar el ritmo de construcción de viviendas

En promedio, desde el año 2000 a la fecha, el IPV ha entregado 1.800 viviendas por año. Suárez quiere llegar a ese número, tras la parálisis de obras por la pandemia.
En promedio, desde el año 2000 a la fecha, el IPV ha entregado 1.800 viviendas por año. Suárez quiere llegar a ese número, tras la parálisis de obras por la pandemia.

El IPV cerrará 2021 con números de entrega de casas por debajo del promedio de los últimos 20 años. El año que viene espera superar las 1.800 unidades, con una inversión de 12.800 millones de pesos.

Tras dos años para el olvido en materia de construcción y entrega de viviendas, Rodolfo Suárez quiere recuperar lo que se perdió por la pandemia y la cuarentena, que obligó a paralizar obras y reasignar recursos para destinarlos al Ministerio de Salud.

El objetivo del presupuesto 2022 es un avance respecto a lo que sucedió en los dos primeros años de gestión: el año que viene el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) quiere llegar a 1.858 viviendas entregadas y 3.888 mejoramientos de casas. Para cumplir este objetivo se invertirán 12.799 millones de pesos.

Si eso se compara con lo que sucedió en 2020 y 2021, es un avance. En el primer año de gestión de Suárez se entregaron apenas 846 viviendas y no hubo mejoramientos; este año esperan entregar 1.234 y tampoco habrá mejoramientos, a pesar de que ya se han licitado algunos en los últimos dos meses. Sumadas a las 90 que Suárez entregó en diciembre de 2019, en total en casi dos años de administración se entregarán 2.170 casas nuevas.

El objetivo de 1.858 viviendas nuevas es módico; teniendo en cuenta los últimos 20 años, los planes para 2022 pondrían al IPV en el promedio de 1.800 casas anuales, aunque está lejos de los picos de 3.600 casas en 2006 y 3.300 en 2004. Si se compara con el mejor año de la historia reciente, Suárez hará algo mas de la mitad de aquel record de la administración de Julio Cobos.

“En 2021 arrancamos con el proceso de recuperar todo lo que pudimos hacer en 2020. Teníamos previsto adjudicar varias licitaciones que se habían iniciado en 2019; por la pandemia y los fondos que fueron desviados al combate del Covid, no las pudimos arrancar. Tuvimos que dar de baja las licitaciones, porque las empresas manifestaron que no sostenían los valores que habían ofertado en aquel momento. Desde enero empezamos a licitar de vuelta”, explicó la titular del IPV, María Marta Ontanilla.

Para entender el proceso es menester diferenciar entre lo que se empieza a hacer, definido como viviendas en ejecución, y lo que efectivamente se entregará. El Instituto pretende iniciar 1.841 casas con fondos propios y 819 con recursos nacionales; más 3.888 mejoramientos con dinero provincial y 3.671 con plata de origen nacional. De eso que se va a iniciar, se entregarán en 2022 1.858 viviendas nuevas y 3.888 mejoramientos.

En los mejoramientos, hay que distinguir dos tareas diferentes. Por un lado, está la inversión en las propias viviendas (en general destinados a población con necesidades básicas insatisfechas) y el mejoramiento de los barrios, que incluyen las instalaciones de agua, de cloaca, cordón, cuneta y banquina, plazas. Como tendencia, la plata provincial va destinada a los invertir en las viviendas y la plata nacional será destinada a la inversión en los barrios.

Para los mejoramientos, hay fondos propios y otra de crédito Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), una entidad que fue fundada en 1944 para ayudar a la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. El BIRF, junto con la Asociación Internacional de Fomento (AIF -fondo para los países más pobre) conforma el Banco Mundial.

Estos fondos del BIRF los va a devolver la provincia. “Nación nos da la garantía soberana, pero la provincia tiene que pagar el crédito” dijo la titular del IPV.

El reparto de los 12.799 millones previstos, 51% son provinciales, 5,76% vienen del BIRF y 43% de Nación.

En el dinero nacional, unos 5.500 millones de pesos, incluyen proyectos que están en evaluación y que si no son aprobados, deberían restarse del total. “Hemos presentado 18 proyectos de vivienda en el Ministerio de Desarrollo Social, el Programa Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares, que están en el Renabap. Estamos contando que esos proyectos salgan”, dice Ontanilla.

Otra aclaración: Renabap es el Registro Nacional de Barrios Populares que reúne información sobre villas y asentamientos de todo el país; mientras que el Programa Argentina Unida por la Intergración de Barrios Populares es una iniciativa que financia obras, de las cuáles deben adjudicarse, en un 25% como mínimo, a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integradas, preferentemente, por los vecinos y vecinas de los barrios.

En el dinero nacional también están las 819 casas que estarán en ejecución el año que viene y que corresponden al Programa Casa Propia de Nación. “Nos dieron un cupo de mil viviendas en tres años de gestión (2021-2023) para la provincia. Calculamos que vamos a tener en ejecución 800 viviendas. Ya están en proceso de licitación 170″ informó Ontanilla.

Déficit habitacional: una cifra sideral para resolverla

Estamos en épocas de promesa fácil. Los candidatos ofrecen un alternativas que no siempre son alcanzables. Una de las promesas que suele escucharse es la de la casa propia. Se hacen complejas construcciones discursivas para justificar la propuesta, pero los números fríos echan por tierra todas las promesas.

Una casa del programa Mendoza Construye línea 1 (destinada a familias con ingresos de 2 a 4 salarios mínimo vital y móvil, por lo que podría decirse que son para la clase media baja) cuesta 4,5 millones de pesos, sin incluir el costo del terreno.

El déficit habitacional de la provincia, según el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza, es de alrededor de 100 mil viviendas; por lo tanto harían falta 450.000 millones de pesos para construir las casas que se requieren para cubrir ese déficit.

Para dimensionar la cifra, el presupuesto 2020 de todo el Estado provincial prevé que se recaudarán 330.364 millones de pesos entre impuestos provinciales y coparticipación federal. Es decir que aún destinando toda la plata recaudada por el Estado durante el año que viene (con el costo de no pagar sueldos estatales, ni gastos de salud, ni de educación) no alcanzaría para cubrir la construcción de todas las casas necesarias para eliminar el déficit habitacional.

Razonablemente, alguien podría acotar que no tienen que construirse todas en un año y que esa plata hay que devolverla. Es decir, las 100 mil familias mendocinas que accedieran a su casa, deberían devolver los 4,5 millones de pesos, más el costo del terreno.

Entonces vienen las malas noticias (otra vez): el Salario Mínimo, Vital y Móvil en octubre asciende a 32 mil pesos. Es decir que para acceder al plan del programa Mendoza Construye, hace falta que el grupo familiar cobre al menos 64 mil pesos por mes. Es una cifra que, según el Indec, un tercio de los hogares del Gran Mendoza no pueden cubrir, porque tienen ingresos menores a 59 mil pesos: es decir son pobres.

El domingo 10 de octubre, Los Andes publicó que la morosidad en los planes del IVP llega a 60% y que en 2022 se planea recaudar en concepto de cuotas 740 millones. Si dividimos ese monto por el valor de una casa, nos da que se podrían construir 164 casas, un número irrisorio comparado con la necesidad. La marcha de la economía no ayuda para resolver el déficit habitacional.

Los programas del IPV

Mendoza Construya Línea 1. Destinado a familias que tienen ingresos de 2 a 4 salarios mínimo vital y móvil (SMVM), aunque hay algunas excepciones a ese límite, a pedido de los municipios.

Línea Mejoro mi Casa. Destinada a personas con ingresos de hasta 2 SMVM

Construyo mi casa. Es la nueva versión de Ahorro previo. Hay que tener terreno e ingresos de 4 a 8 SMVM. Se otorga financiamiento para construir casas de hasta 140 metros. Se puede inscribir cualquier persona mayor de 18 años.

Mi casa IPV. Para familias con ingresos de 4 a 8 SMVM. En los próximos días se hace la primer licitación. Las empresas presentan terrenos y proyectos. El IPV financia la obra. Cada vivienda de esta línea, en promedio, cuesta 6,5 millones de pesos.

Mendoza Construye línea 2. Es participación público-privada. Hay viviendas disponibles para que los interesados compren. En la web del IPV están las ubicaciones y un simulador de los créditos. No hay limitación de SMVM, pero se requiere aporte de inicial de 25% del valor total de la vivienda.

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