El Programa Financiero 2026 apunta a anticipar necesidades de financiamiento y reducir riesgos fiscales en un contexto de menor superávit corriente.
El Gobierno evalúa distintas herramientas financieras, con aval de Nación, para distribuir los pagos en el tiempo y mejorar el perfil de la deuda provincial.
Foto:
Gobierno de Mendoza El Gobierno de Alfredo Cornejo autorizó el llamado a licitación para contratar servicios financieros con el objetivo de ordenar las cuentas de la provincia en 2026 y anticiparse a los vencimientos de deuda previstos en el Presupuesto. La medida busca planificar cómo se va a financiar el Estado en un contexto de menores ingresos y mayores compromisos de pago.
La decisión quedó formalizada a través del Decreto Nº 95, firmado el 23 de enero, que habilita al Ministerio de Hacienda y Finanzas a iniciar el proceso licitatorio para la contratación de los “Servicios financieros para la ejecución del Programa Financiero 2026”.
La medida se complementa con el Decreto Nº 11/26, mediante el cual el Poder Ejecutivo provincial aprobó el Programa Financiero del año y fijó los montos y condiciones generales para la emisión de títulos de deuda.
De acuerdo con el esquema financiero previsto para 2026, Mendoza afronta dos vencimientos relevantes. Uno de ellos asciende a USD 119,81 millones, de los cuales USD 95,31 millones corresponden a capital y USD 24,5 millones a intereses. El segundo compromiso es por $204.173,98 millones, integrado por $153.951,61 millones de capital y $50.222,36 millones en intereses.
El mes más exigente será marzo, cuando la Provincia deberá afrontar pagos por $15.500 millones y más de USD 49 millones, en concepto de capital e intereses.
A estos compromisos se suman los vencimientos de títulos públicos provinciales previstos entre 2027 y 2031, que totalizan $373.350.794.424, además de la emisión adicional de títulos de deuda TAMAR realizada en noviembre de 2025 por $98.466.729.000.
En conjunto, el volumen financiero contemplado en la operatoria alcanza los $471.817.523.424, según detalla el decreto oficial, lo que explica la decisión del Ejecutivo de avanzar con anticipación en la contratación de agentes financieros que permitan ordenar el perfil de vencimientos.
“El riesgo de acumular todos estos compromisos en un solo año es dejar a la provincia en una situación más sensible”, advirtió el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, en diálogo con Los Andes.
“Por eso necesitamos emitir alrededor de 450 mil millones de pesos, no para aumentar la deuda, sino para mantener constante su nivel y evitar concentrar los pagos”, explicó.
Fayad enmarcó la estrategia financiera en un contexto fiscal adverso. “El 2024 fue un pésimo año, con una caída del 9% en la recaudación. Si bien el gasto cayó en niveles similares, eso frenó la baja de la deuda y empezó a comprimir los ahorros”, señaló.
Según explicó, en 2025 la situación se volvió más exigente porque los recursos no se recuperaron y el gasto tuvo que recomponerse tras haber quedado por debajo de la inflación el año anterior.
Ese escenario impactó directamente en el margen fiscal de la provincia: “Seguimos teniendo superávit corriente, pero es mucho más chico que antes”, indicó Fayad.
“Antes teníamos superávit corriente de 10 puntos y podíamos financiar todo el plan de obra. Después bajamos a 5 y este año vamos a estar cerca de los 3 puntos. Sigue siendo superávit, pero con mucha menos holgura”, agregó.
El ministro remarcó que la Provincia no tiene déficit corriente y que esa situación se mantiene desde 2016. “Si vos tenés déficit corriente, directamente no alcanzás a pagar los sueldos. Eso en Mendoza no pasa”, subrayó.
No obstante, reconoció que la combinación entre menor superávit y un plan de obra sostenido obliga a recurrir a otras fuentes de financiamiento.
En ese punto, Fayad explicó que el Programa Financiero 2026 busca ordenar ese nuevo equilibrio entre ingresos, gastos y financiamiento. “Cuando se te achica el superávit corriente, la reacción lógica de cualquier gobierno es bajar el plan de obra, porque es la parte más discrecional del gasto”, sostuvo.
“Nosotros no lo hicimos porque apareció una nueva fuente de financiamiento, que es el fondo de resarcimiento”, añadió. Según explicó, esos fondos permiten sostener un nivel elevado de inversión pública, aunque con limitaciones.
“El resarcimiento solo se puede usar para obras productivas. Todo lo que es salud, educación y seguridad no se puede financiar con esos fondos”, aclaró, por lo que ese tipo de infraestructura sigue dependiendo del superávit corriente, los ahorros y el acceso al crédito.
El Presupuesto 2026, en ese sentido, no prevé obras nuevas, sino la continuidad de las ya iniciadas.
“Antes financiábamos la obra pública solo con superávit corriente. Hoy lo hacemos con un mix: superávit corriente, fondos de resarcimiento y financiamiento”, explicó Fayad. “Gracias a eso, no frenamos nunca el plan de obra”, remarcó.
Para avanzar con este esquema, la Provincia necesita además la autorización del Ministerio de Economía de la Nación para acceder al refinanciamiento en el mercado, tal como lo establece la Ley Nacional Nº 25.917. Desde Hacienda confirmaron que la solicitud ya fue enviada al área que conduce Luis Caputo, y que el trámite se encuentra en análisis.
Mientras tanto, el Decreto Nº 95 autoriza el llamado a licitación pública para la contratación de los agentes financieros que tendrán a su cargo la colocación de los títulos, aprueba el pliego de condiciones y conforma una Comisión de Preadjudicación encargada de evaluar las ofertas, dejando la concreción final de las operaciones sujeta a las autorizaciones nacionales correspondientes.