El Gobierno Nacional se encuentra en alerta por la baja de la recaudación y, consecuentemente, prepara nuevos recortes en diversos organismos públicos. La preocupación en la Casa Rosada gira en torno al costo fiscal que generó la reciente baja de retenciones a las exportaciones agrícolas implementada esta semana por el Ejecutivo.
En el Ejecutivo expresan: “No estamos seguros de que no nos complique las cuentas”. Mientras que analistas estiman que esta medida tendrá un costo que supera los US$1000 millones.
Pese a la cautela, en el Ministerio de Economía insisten en que no manejan una proyección deficitaria a mediano plazo. Se apoyan en la expectativa de que el crecimiento de la actividad en el sector agrícola logre sustentar el costo fiscal derivado de la baja arancelaria.
Mientras se aborda la cuestión fiscal, el Ejecutivo prepara recortes específicos en los organismos que debieron ser restituidos tras la caída de los decretos delegados. Los equipos técnicos de Balcarce 50 están trabajando en una serie de reformas con el objetivo de reducir las estructuras “lo más posible”, evitando chocar con lo que fue sancionado por el Congreso.
Esta iniciativa de achicamiento aplica a instituciones clave como los institutos nacionales de Tecnología Industrial (INTI), Agropecuaria (INTA) y de Vitivinicultura (INV).
También incluye a la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y las comisiones nacionales de Regulación del Transporte (CNRT) y del Tránsito y de la Seguridad Vial.
En la Casa Rosada, la iniciativa de los cambios estructurales es atribuida al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Sin embargo, el entorno del ministro sostiene que él se encuentra abocado en primera instancia a desregulaciones en el mercado inmobiliario y en distintos segmentos de exportaciones.
Aunque en el oficialismo se reconocen diferencias sobre la prioridad de avance de las medidas, el objetivo es fijar una hoja de ruta clara para las próximas semanas.
En cuanto a la planificación a largo plazo, el Gobierno mantiene bajas expectativas respecto a las negociaciones para el Presupuesto 2026. Este tema se articulará directamente tras las elecciones legislativas del 26 de octubre.