La Casa Rosada estudia impulsar cambios legislativos clave durante 2026, un año sin comicios, con la mira puesta en las elecciones de 2027.
El Gobierno insistirá con una reforma laboral
Foto:
Con el horizonte puesto en 2027 y la reelección presidencial, el Gobierno argentino está evaluando la posibilidad de retomar e insistir con una reforma electoral que fue diseñada por el asesor presidencial Santiago Caputo y enviada al Congreso Nacional en noviembre de 2024.
La idea de sancionar varios puntos de este proyecto durante 2026 —un año en el que no habrá elecciones— está madurando en diversos despachos de la Casa Rosada, buscando implementar modificaciones que están pendientes en el sistema electoral.
Un objetivo clave de la administración libertaria es impulsar la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, buscando que esta modalidad rija tanto para las elecciones nacionales como para las provinciales.
El argumento central de los libertarios es que la meta es simplificar y unificar los procesos electorales para "no complicarle la vida a la gente". Actualmente, provincias como Córdoba, Mendoza y Santa Fe ya utilizan la BUP. La titular de La Libertad Avanza, Karina Milei, tiene esperanzas de extender este sistema al resto del territorio.
Adicionalmente, se baraja la posibilidad de modificar la papeleta actual de la BUP para añadir un nuevo casillero que ofrezca a los electores la opción de seleccionar la lista completa.
Esta medida se estudia para evitar posibles descuidos u olvidos en la elección por categorías, ya que el Gobierno considera que hubo una pérdida de votos por confusiones en las categorías durante elecciones legislativas previas.
La Casa Rosada es consciente de que estas modificaciones enfrentarán resistencia por parte de los gobiernos locales, por lo que buscarán dar las discusiones de cara a la sociedad.
Otro punto crucial en discusión interna es la posibilidad de eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) con miras a 2027. Previamente, el vocero presidencial Manuel Adorni había definido a las PASO como una "encuesta millonaria" que solo sirve a la política en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos.
Aunque el Gobierno logró suspenderlas para el proceso electoral de 2025, persisten dudas sobre su eliminación total. Voces libertarias argumentan que es necesario revisarlas, ya que son innecesarias y representan un alto costo para el Estado, sugiriendo que los partidos deberían resolver sus internas de forma autónoma.
Para avanzar con esto, se buscaría derogar el Título II de la Ley de los Partidos Políticos (26.571). No obstante, otras posturas dentro del espacio sostienen que, pese al gasto, las PASO "indefectiblemente ordenan la política".
La reforma estima modificaciones en el régimen de partidos políticos y en la revisión estructural del sistema de financiamiento, un tema central para el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos, con el objetivo de "mejorar la calidad institucional" y "distribuir de manera más eficiente el costo" del sostenimiento de las campañas.
El proyecto de Reforma para el Fortalecimiento Electoral contemplaba varias modificaciones financieras: el aumento de los topes de aportes privados, la eliminación de los espacios de publicidad electoral que los medios debían ceder por ley, y la eliminación del financiamiento público para las campañas.
El Ejecutivo buscará derogar los límites de los aportes privados de campaña por agrupación y por persona, así como eliminar el artículo que fija un límite de gastos basado en el número de electores.
En su lugar, se optaría por un módulo electoral para establecer los límites. También se buscaría eliminar la obligación de destinar el 35% de la inversión en publicidad digital a medios periodísticos nacionales.