El Gobierno nacional se encuentra en la etapa final de la redacción de un nuevo Código Penal que promete endurecer drásticamente las sanciones contra los responsables de incendios forestales.
Ante la crisis ígnea en la Patagonia, la administración de Javier Milei ultima un proyecto que busca condenas de cumplimiento efectivo para quienes provoquen quemas intencionales.
Incendios forestales en Chubut
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El Gobierno nacional se encuentra en la etapa final de la redacción de un nuevo Código Penal que promete endurecer drásticamente las sanciones contra los responsables de incendios forestales.
El proyecto, que incluye más de 900 artículos, busca intensificar la política criminal y asegurar que las condenas no sean consideradas insuficientes por la sociedad, bajo la premisa de que "el que las hace, las paga".
La reforma, cuya redacción podría estar terminada para la primera quincena de febrero, tiene como uno de sus focos principales elevar las penas para delitos vinculados a incendios intencionales, con especial énfasis en la protección de los bosques. Según fuentes oficiales, se busca definir una escala penal que supere los tres años de prisión para evitar que estos delitos sean excarcelables.
Esta iniciativa surge en un contexto crítico, motivado por la demanda del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, tras la quema de 30.000 hectáreas en su provincia. Actualmente, brigadistas y equipos de emergencia continúan desplegados en zonas como el Parque Nacional Los Alerces y Puerto Patriada realizando tareas de control y monitoreo.
Sobre este punto, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue tajante al afirmar que el 95% de los incendios son consecuencia de la acción humana y que "prender fuego no es un accidente, es un delito".
La mesa legal encargada de la redacción definitiva se reúne cada jueves y cuenta con la participación del viceministro de Justicia, Sebastián Amerio; el asesor presidencial Santiago Caputo; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; y los abogados Macarena Alifraco, Fernando Soto y María Ibarzabal Murphy.
El presidente Javier Milei decidió que el tratamiento de esta reforma se traslade al período de sesiones ordinarias para permitir un debate profundo y evitar la saturación del temario legislativo, considerando que "es difícil tratar todo junto al mismo tiempo".