A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo oficializó una reforma profunda en la Ley de Cine.
El Gobierno eliminó la comisión que calificaba la edad de las películas: cómo se calificarán ahora.
Foto:
El Gobierno nacional dio otro paso en su plan de desregulación y optimización administrativa al oficializar este martes la reglamentación de la Ley 23.052. Mediante el Decreto 50/2026, publicado en el Boletín Oficial, se dispuso la disolución de la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas (CAEC), el organismo que durante más de 40 años determinó la edad apta para ver cada película en el país.
La medida, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro Manuel Adorni, busca adaptar el sistema a las nuevas "transformaciones culturales y tecnológicas", eliminando lo que el Ejecutivo describe como procesos burocráticos que generaban demoras innecesarias en la industria.
Hasta la publicación de esta norma, la calificación de una película (ATP, +13, +16, +18) dependía de un dictamen obligatorio de una comisión colegiada. Con la derogación del Decreto 828/84, esa responsabilidad recaerá directamente en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
El decreto sostiene que la estructura rígida de la CAEC "no ha demostrado la eficiencia necesaria" y dificultaba la dinámica del sector audiovisual. A partir de ahora, el Estado mantendrá un rol "orientativo", bajo la premisa de que la responsabilidad primaria sobre el consumo de contenidos por parte de los menores de edad recae exclusivamente en sus padres o tutores.
Uno de los puntos más destacados de la reforma es la agilización para las producciones extranjeras. Teniendo en cuenta que el 65% de los estrenos en Argentina provienen de Estados Unidos, el Gobierno consideró ineficiente volver a calificar filmes que ya pasaron por organismos internacionales estandarizados, como la MPAA (Motion Picture Association).
Por ello, se admitirá la validez de las calificaciones de origen, las cuales serán homologadas automáticamente a las categorías locales. No obstante, el INCAA se reserva la facultad de modificarlas de oficio si existieran "razones de orden público".
La nueva normativa y el sistema de homologación automática comenzarán a regir en un plazo de 60 días corridos. Durante este periodo, el INCAA deberá adecuar sus estructuras técnicas para asumir la competencia de calificación que antes correspondía a la comisión disuelta.