En conferencia de prensa el vocero presidencial aseguró que la investigación "está en la Justicia". Además confirmó que el exjefe de Gabinete mantendrá la custodia oficial.
Crecen los cuestionamientos al jefe de gabinete, Manuel Adorni
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Este martes, el Gobierno nacional a través del vocero presidencial Adrián Ravier descartó la realización de una auditoría interna por las presuntas irregularidades que involucran al exjefe de Gabinete Manuel Adorni, quien dejó su cargo en medio de una investigación judicial por supuesto enriquecimiento ilícito y por el uso de tarjetas de crédito de colaboradores para afrontar gastos personales.
Durante la conferencia de prensa de este martes, aclaró que la casa Rosada no llevará adelante una investigación administrativa paralela a la causa que se tramita en la Justicia Federal.
"El tema está claramente en la Justicia, estas personas tienen que declarar. No hay un mecanismo aparte nuestro", sostuvo el funcionario.
La declaración se contrapone respecto de lo manifestado una semana atrás por el propio Ravier, quien había asegurado que el Gobierno evaluaba internamente lo sucedido. En aquella oportunidad afirmó: "Sí, por supuesto. Estamos apenas llegando, pero por supuesto todas estas cosas se están evaluando, analizando y demás".
Consultado nuevamente sobre la posibilidad de abrir una auditoría interna, el vocero fue categórico. "El tema está en la Justicia y las personas tienen que declarar en la Justicia, no hay un proceso aparte", insistió.
Las declaraciones alcanzan no solo a Adorni, sino también a Laura Schiuma y Luis Aluju, dos colaboradores de la Jefatura de Gabinete que figuran en la investigación judicial por haber utilizado sus tarjetas de crédito para realizar compras que, según la hipótesis del fiscal, habrían sido efectuadas en beneficio del exfuncionario.
Schiuma ya declaró como testigo ante la Justicia y sostuvo que Adorni le devolvió en efectivo los 2.184.999 pesos correspondientes a una de las compras.
Durante la conferencia, Ravier también confirmó que Manuel Adorni conservará la custodia oficial pese a haber dejado el Gobierno.
El vocero explicó que la medida responde a "motivos de seguridad" y reiteró que el Poder Ejecutivo no desarrollará ninguna investigación administrativa.