La medida se tomó tras un informe de Personas Jurídicas que advirtió la persistencia de irregularidades en la institución. La medida regirá por seis meses.
La decisión se formalizó por decreto luego de que la coadministradora solicitara mayores facultades ante irregularidades.
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El gobierno de Alfredo Cornejo dispuso la intervención administrativa plena de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Guaymallén por un plazo de seis meses, en el marco de un proceso iniciado por presuntas irregularidades en su funcionamiento institucional.
La medida fue oficializada a través del Decreto 504, firmado el 17 de marzo de 2026, y publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La decisión se apoya en las facultades establecidas por la Ley 9577, que regula el control de personas jurídicas en la provincia.
Según se detalla en la norma, el proceso de intervención había comenzado previamente con una intervención parcial dispuesta en septiembre de 2025, cuando se designó a una coadministradora con derecho a veto para supervisar el accionar de la comisión directiva de la entidad.
Sin embargo, la propia coadministradora, Mónica Beatriz Elías, solicitó avanzar hacia una intervención total, argumentando la persistencia de irregularidades. El pedido fue respaldado por un dictamen del área jurídica de la Dirección de Personas Jurídicas y luego ratificado mediante una resolución del organismo, que recomendó formalmente al Ejecutivo avanzar con la medida.
En este contexto, el decreto establece que la intervención plena tendrá una duración de seis meses, contados desde la puesta en funciones de la interventora, quien será la misma Elías. La funcionaria asumirá la totalidad de las atribuciones administrativas y de representación de la asociación, desplazando en la práctica a las autoridades vigentes.
Desde el Gobierno señalaron que la decisión responde a la necesidad de normalizar el funcionamiento institucional de la entidad, en línea con las competencias que posee la Dirección de Personas Jurídicas como órgano de control.
La intervención podrá ser prorrogada en caso de que persistan las irregularidades detectadas durante el proceso de auditoría y reorganización.
En septiembre de 2025, el Gobierno provincial había dispuesto una primera intervención administrativa sobre la Asociación de Bomberos Voluntarios de Guaymallén a través del Decreto Nº 1.999, tras detectar una serie de irregularidades en su funcionamiento interno.
En ese momento, el documento oficial hacía referencia a más de 140 denuncias dirigidas contra la comisión directiva de la entidad, las cuales fueron rechazadas de plano por sus integrantes.
Entre las principales irregularidades señaladas se encontraban problemas en el sistema de listas, un padrón de socios desactualizado y la realización de una asamblea considerada inválida. Además, los denunciantes advirtieron sobre presuntas falencias en el cobro de cuotas societarias.
A esto se sumaban observaciones sobre los balances contables, con presentaciones incompletas, atrasadas o directamente inexistentes en el período comprendido entre 2016 y 2023.
Si bien la comisión directiva negó las acusaciones, la Dirección de Personas Jurídicas (DPJ) recomendó declarar ineficaz la asamblea cuestionada y avanzar con la intervención como medida excepcional.
En el marco de la coadministración dispuesta en ese entonces, se establecieron una serie de obligaciones para la entidad con el objetivo de normalizar su situación institucional.
Entre ellas, se destacan la regularización y presentación de balances con su correspondiente respaldo documental, la actualización del padrón de asociados y la convocatoria a una Asamblea General Ordinaria, bajo supervisión, para la elección de nuevas autoridades conforme al estatuto.