La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal decidió conceder el recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional, lo que implica la suspensión inmediata de la medida cautelar que favorecía a las universidades hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicte un fallo definitivo.
La resolución, que lleva las firmas de los jueces Sergio Fernández y José Luis López Castiñeira, habilita la intervención del máximo tribunal al considerar que la disputa involucra "normas de naturaleza federal".
Sin embargo, los camaristas fueron duros al cuestionar parte de la apelación oficial: rechazaron los planteos de "arbitrariedad" y "gravedad institucional" esgrimidos por el Ejecutivo, señalando que la intervención de la Corte no busca reparar un interés institucional, sino un "simple interés patrimonial" del Estado.
Desde el Ministerio de Capital Humano celebraron la decisión judicial, argumentando que la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario "comprometería el equilibrio de las cuentas públicas".
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En un comunicado oficial, la cartera que dirige Sandra Pettovello ratificó la vigencia del Decreto 759/25, el cual ya había suspendido la ejecución de la norma bajo la premisa de que el Congreso debe definir primero las fuentes de recursos necesarias para su cumplimiento.
Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y diversas entidades académicas mantienen el reclamo por los fondos necesarios para garantizar el funcionamiento de las instituciones.
Mientras la causa se traslada ahora al cuarto piso de Talcahuano 550, la comunidad universitaria continúa en estado de alerta y activando movilizaciones en defensa del presupuesto educativo.