El Gobierno nacional deberá enfrentar un escenario fiscal complejo tras un nuevo revés judicial que lo obliga a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, con un costo estimado en $2,5 billones.
El Ejecutivo apelará ante la Corte Suprema, pero sin efecto suspensivo debería comenzar a transferir fondos de inmediato.
Universidades: el Ejecutivo analiza pagos escalonados tras el fallo que exige $2,5 billones.
Foto:
El Gobierno nacional deberá enfrentar un escenario fiscal complejo tras un nuevo revés judicial que lo obliga a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, con un costo estimado en $2,5 billones.
Desde la Casa Rosada reconocen que actualmente no cuentan con los recursos necesarios y ya anticipan que el cumplimiento de la norma podría implicar el regreso del déficit fiscal.
El Ejecutivo tiene plazo hasta este viernes por la mañana para acatar la medida judicial que ratifica la vigencia de la ley. Sin embargo, fuentes oficiales admiten que no hay fondos disponibles en lo inmediato.
“Hoy en día no vamos a pagar. No tenemos la plata”, señalaron desde el entorno gubernamental a Infobae, en referencia a la magnitud del desembolso requerido.
El Gobierno apelará mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque en el ámbito judicial consideran poco probable que se le conceda un efecto suspensivo, lo que obligaría a comenzar con las transferencias de manera inmediata.
La normativa exige actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios, además de recomponer programas de becas estudiantiles, lo que representa el grueso del gasto.
Según datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las transferencias a universidades registran una caída real acumulada superior al 45% en los últimos años, mientras que los salarios del sector quedaron por debajo de la inflación.
En ese contexto, desde el ámbito universitario reclaman una recomposición urgente de ingresos, especialmente en un escenario donde el poder adquisitivo de los trabajadores sufrió una fuerte pérdida.
El oficialismo ya había intentado frenar una iniciativa similar en 2024, pero no logró evitar la sanción de la ley ni revertir el veto presidencial en 2025. La posterior judicialización terminó consolidando la obligación de pago.
Ante este panorama, el Gobierno analiza alternativas como pagos escalonados o reasignaciones presupuestarias, mientras enfrenta presiones tanto del sistema universitario como de sectores políticos.
La definición final dependerá del avance judicial en la Corte y de la capacidad del Ejecutivo para gestionar un impacto fiscal que, según admiten en el propio Gobierno, puede alterar el equilibrio de las cuentas públicas.
