El Ejecutivo emitió un decreto que habilita a la Asesoría de Gobierno a avanzar en el proceso contra Óscar Mauricio Flores, empleado de la Cámara Baja.
El Ejecutivo emitió un decreto que habilita a la Asesoría de Gobierno a avanzar en el proceso contra Óscar Mauricio Flores, empleado de la Cámara Baja.
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Prensa Diputados El gobernador Alfredo Cornejo firmó este jueves el Decreto 1965 que instruye a la Asesoría de Gobierno a iniciar las acciones judiciales correspondientes para excluir de la tutela sindical al agente Oscar Mauricio Flores, empleado de la Cámara de Diputados. La medida se enmarca en lo dispuesto por los artículos 47 y 52 de la Ley Nacional 23.551 de asociaciones sindicales.
La decisión se tomó luego de que la presidencia de la Cámara de Diputados emitiera la Resolución Nº 102-P-S.H.-2025, que dispuso solicitar al Poder Ejecutivo provincial la apertura del procedimiento de exclusión.
Basándose en esa instrucción, el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial elevó la propuesta y Asesoría de Gobierno quedó habilitada para llevar adelante las acciones judiciales que definirán si se mantiene o se retira la protección gremial del agente.
Junto con esta medida, el Boletín Oficial también publicó el Decreto 1686, referido al caso de la licenciada en enfermería del Hospital Alfredo I. Perrupato. La profesional presentó un reclamo en el que solicitaba que se le reconociera el desempeño como jefa de los consultorios externos del nosocomio, cargo que, según su relato, ejerció de hecho desde 2020, en plena pandemia de Covid-19.
La trabjadora de la Salud argumentó que coordinó personal, diagramó guardias y se hizo cargo de responsabilidades propias de una función jerárquica, lo que habría sido certificado en distintas oportunidades por sus superiores.
Sin embargo, el hospital rechazó su pedido por inexistencia del cargo en el organigrama oficial y falta de acto administrativo que la designara formalmente. El Poder Ejecutivo ratificó ese criterio al señalar que no se reunían los requisitos legales para reconocer el pago por función jerárquica.
El decreto concluyó que la decisión administrativa fue regular, estuvo fundada en la normativa aplicable y no configuró discriminación de género, como había planteado la agente en su presentación.
El tercer decreto publicado, el 1804, trata de un reclamo de un trabajador del Ministerio de Salud y Deportes. El agente reclamaba el pago de diferencias salariales entre enero de 2017 y enero de 2023, alegando que desde 2015 ejerció funciones de Jefe de División y que correspondía reconocerle un adicional por subrogancia.
El expediente señalaba que ya había percibido esas diferencias durante un período acotado por aplicación de la Ley 9012, pero que posteriormente no se le otorgó el suplemento reclamado. El Gobierno sostuvo que la asignación de funciones no implicaba automáticamente derecho al cobro, ya que la normativa vigente exige la existencia de una vacante, un acto administrativo expreso y la previsión presupuestaria correspondiente.
Al confirmar el rechazo, el Ejecutivo remarcó que no se configuraban vicios de nulidad ni arbitrariedad en la resolución impugnada y que la decisión se ajustó al marco legal establecido.