Los abogados Raúl Oyola y Santiago Rentería explicaron por qué se trató de un fallo judicial excepcional y llevaron tranquilidad a los empresarios.
La vicegobernadora Hebe Casado convocó a los abogados que ganaron la demanda judicial contra Manaos.
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Prensa Senado La reciente sentencia judicial que obligó a la firma Refres Now S.A., fabricante de la popular gaseosa Manaos, a pagar una indemnización de 1.200.000 dólares a un extrabajador despedido en San Rafael, generó alerta en el sector empresario mendocino y el tema llegó a la Legislatura provincial. La vicegobernadora Hebe Casado convocó a los dos abogados querellantes, Raúl Oyola y Santiago Rentería, para que expliquen las particularidades del caso y aclararon por qué "no podría ocurrir de nuevo".
La charla se llevó adelante el martes pasado y se tituló "El caso Manaos: mitos y realidades de los reclamos laborales en Mendoza". La vicegobernadora presentó a los oradores, señalando que "es necesario que estos debates se den en la Legislatura" y ponderó que "nos permite reflexionar el sistema laboral y los cambios recientes que plantean un desafío para la política".
Hasta el anexo del Senado llegaron funcionarios provinciales vinculados a la temática como el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, la subsecretaria de Empleo, Emilce Vega Espinoza, y el Director del Registro Civil de Mendoza, Agustín Piscopo.
Los abogados explicaron como impactó en la demanda laboral, la aplicación de artículos de la Ley de Empleo que la Ley Bases modificó. Además destacaron la "seguridad jurídica" que tiene Mendoza y puntualizaron en que no se trató de un trabajador más de cualquier empresa, ya que al haber ampliado los alcances de la marca a otras provincias (La Pampa, San Juan y San Luis) con sus propios clientes, prácticamente "abrió una pyme dentro de la empresa" de forma totalmente legal. Todos esos incidentes lo hicieron del caso, particular.
"Este caso responde a la Ley de Viajante de Comercio, que aumenta las indemnizaciones por temas puntuales como clientela y comisiones" y a la vez las "multas que se cobraban con anterioridad" por la Ley 24.013 y ya no están más vigentes, aclaró Rentería en diálogo con Los Andes, tras la charla.
El letrado señaló que se trató de un "caso bisagra" porque se aplicó el "máximo exponente de la antigua Ley de Empleo, porque no hay antecedentes de máximos de este valor" y sí se compara con la nueva legislación, "habría significado un 30% aproximado del monto que resultó ser".
"A su vez, hay un asunto importante, que son los intereses y la forma de computarlos. Hasta el año 2024, se aplicaba una tabla a través de la tasa UVA y ya no hay liquidaciones tan importantes, que tripliquen valores de la sentencia", remarcó el abogado.
Y puso en contexto la situación económica, dado que el despido ocurrió a fines del año 2022 y transcurrieron tres años hasta la sentencia. "Obviamente hay que tener en cuenta los cambios en el país. En ese momento había inflación de casi el 200% anual", apuntó.
"Para nosotros es una bisagra de lo que era la legislación anterior y la nueva. Sobre todo lo que se ha derogado, en cuánto a leyes y artículos que se reclamaron en esta demanda. Hoy hasta la Ley de Viajantes está en discusión por su vigencia. Ya ha cambiado mucho, desde que se celebró el despido, que se configuró el 7 de diciembre de 2022", sostuvo el abogado.
Por último, los abogados se refirieron a la necesidad de que se debata una Reforma Laboral, por la antigüedad de los convenios colectivos de trabajo que muchas veces no sirven para enmarcar a nuevos (y no tanto) actores. En la charla se puso como ejemplo el caso de un guía de rafting, que el CCT de Turismo Aventura que data del año 1975, no lo contempla como tal y genera una diferencia con el resto de los empleados.
"Nosotros hacemos referencia a que los convenios colectivos son muy viejos y hay que cambiarlos. Hay que darles dinamismo a las empresas a que puedan celebrar sus propios convenios, homologados por la Secretaría de Trabajo", aclaró Rentería.
"También se hizo hincapié a la seguridad jurídica de la Provincia, porque las cámaras laborales no hacen eco a la industria del juicio y del carancherío. Simplemente aplican las leyes vigentes al momento en que se dan los hechos controvertidos, entonces te pueden gustar o no pero la realidad es que las cámaras son muy serias y se presentó jurisprudencia", aclaró el abogado del fallo histórico.
En ese sentido, el abogado Raúl Oyola puntualizó que "es una mentira que siempre el trabajador gane" y la Corte Suprema de Justicia en 2024 se expidió de que se deben considerar los despidos, si se realizaron antes o después de la vigencia de la Ley Bases.
La vicegobernadora también remarcó la importancia de los cambios que aplicó Ley Bases, durante la charla. "La Ley Bases significó el primer paso concreto hacia una mayor libertad de negociación laboral y de seguridad jurídica para quienes deseen invertir en nuestra provincia. Fue clave para reducir en un 75% los juicios laborales, al disminuir los montos indemnizatorios. Vale decir que el caso Manaos no hubiera alcanzado estos valores con la reforma", comentó al respecto.
"La Ley de Bases introduce herramientas fundamentales para simplificar la registración laboral, entre ellas un régimen de aporte único para empresas de hasta dos empleados y la creación de un fondo de cese laboral, como alternativas a las indemnizaciones tradicionales por despido. Este fondo puede establecerse mediante convenios colectivos de trabajo y financiarse con aportes patronales que no superen el 8% del salario", completó Casado.