Edemsa: Pérez Hualde sostiene que “los vicios groseros” del acuerdo no vencen ante la justicia

El gobernador Rodolfo Suárez manifestó que la demanda presentada por la Fundación Nuestra Mendoza, el ex gobernador Arturo Lafalla y el concejal Gustavo Gutiérrez (Coalición Cívica) está fuera de término. El ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Alejandro Pérez Hualde, dijo que el mandatario provincial “está mal asesorado”.

Para Suárez, la denuncia contra el acuerdo con Edemsa “es un bolazo de acá a la China”

Suárez cargó contra el pedido de inconstitucionalidad que han hecho los demandantes sobre dos decretos que llevan su rúbrica, y que tienen como denominador común a Edemsa. Aseguró que la presentación “está fuera de término” en relación al cuestionamiento que hay sobre el decreto 70 en el que se detalla el Acuerdo Transaccional entre la Provincia de Mendoza y la empresa. Allí, se extiende la concesión por 20 años y una serie de beneficios.

Luego, se autorizó la ampliación del objeto de Edemsa, a través del decreto 2074 y que también fue cuestionado con pedido de una medida cautelar que frene la operatoria con las nuevas actividades.

“De ninguna manera está fuera de término, me parece un desacierto. (El gobernador) debería contestar el fondo de la cuestión. Hay graves circunstancias jurídicas de nulidades por vicios groseros en las que incurre la decisión del decreto 70″, expresó Alejandro Pérez Hualde, el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia que firma la demanda por el acuerdo con Edemsa como “amicus curiae”.

Tarifas: los “acuerdos transaccionales” (dec. 70/2023)

El Gobierno provincial ratificó através del decreto 70 el Acuerdo Transaccional permitiendo que EDEMSA siga prestando el servicio eléctrico por los próximos 20 años.

Para Pérez Hualde, “el vicio grosero no vence nunca”. Incluso, recordó opiniones en las que hace referencia a que el Gobierno estaba incurriendo en vicios “que se iban a poder plantear, no sólo en este gobierno sino en el próximo”.

“Es más, pueden ser planteadas con otro EPRE, porque no se podía llevar a cabo la transformación que realizaron ya en esos acuerdos transaccionales que firmaron en el decreto de enero. No está vencido porque las acciones contra vicios groseros no prescriben y no vencen”, completó el docente.

Y recordó que “eso está en el Código de procedimientos administrativos que fue reformado durante el gobierno de Alfredo Cornejo. Es una lástima que (Suárez) conteste así a un cuestionamiento que es de profundidad del Derecho Administrativo”.

El ex ‘supremo’ enumeró los cuestionamientos que viene haciendo: no hubo un detalle de los juicios de la empresa que están bajo la órbita del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI); la pericia hecha por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (Fiuba) y no por la misma facultad pero de la Universidad Nacional de Cuyo; y la audiencia pública, que no se realizó con antelación al decreto, entre otros puntos.

Ausencia de control y transparencia

Sobre los motivos por los que no se cuestionó el decreto a poco de ser publicado, Pérez Hualde recordó que “no sabíamos que nos iban a colocar otra empresa, cosa que hicieron seis meses después. Nosotros pedíamos la audiencia pública”.

“La respuesta de ellos fue que no estaba en vigencia ese decreto porque estaba sujeto a condiciones suspensivas, por lo tanto no podíamos marchar jurídicamente contra ese decreto. Nunca dijeron que entraba en vigencia. La audiencia la convocaron para el 14 de marzo. Allí se se hicieron presentaciones y cuestionamientos, y no hubo respuestas”, expresó el jurista.