La situación judicial de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, se ha tornado crítica tras las recientes revelaciones en la causa que investiga sus viajes de lujo.
El jefe de Gabinete quedó contra las cuerdas tras descubrirse que la firma Imhouse S.A. costeó el traslado a Punta del Este y contradice su versión inicial. La investigación por presuntas dádivas y enriquecimiento ilícito suma nuevas pruebas, incluyendo una propiedad de lujo no declarada.
Más "deslomado": el video de Adorni en un jet privado rumbo a Punta del Este con un periodista de la TV Pública
Foto:
LA La situación judicial de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, se ha tornado crítica tras las recientes revelaciones en la causa que investiga sus viajes de lujo.
Aunque el funcionario sostuvo públicamente haber costeado de su propio bolsillo el traslado en jet privado a Punta del Este durante el último feriado de Carnaval, la documentación obtenida por la Justicia cuenta una historia diferente.
El fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo detectaron que el vuelo de ida hacia Uruguay, realizado en un Honda Jet de la empresa Alpha Centauri S.A., fue abonado por Imhouse S.A., una productora de contenidos vinculada al periodista Marcelo Grandio.
El pago ascendió a 6.984.180 pesos (aproximadamente 4.830 dólares), una cifra que no solo duplica lo declarado inicialmente por el funcionario, sino que representa cerca de cuatro salarios netos de su cargo actual.
Este hallazgo expone una severa contradicción con los dichos de Adorni, quien ante la insistencia periodística había asegurado que el gasto fue una "decisión personal y familiar" financiada con sus ingresos. Asimismo, el propio Grandio ofreció versiones cruzadas en los medios, llegando a afirmar erróneamente en un momento que el traslado se pagó "con plata del Estado" para luego intentar retractarse.
La gravedad del hecho radica en que Imhouse S.A. mantiene contratos vigentes con la TV Pública, área que depende de la cartera de Comunicación controlada por el propio Adorni. La productora está detrás de ciclos como Giros en línea recta y La Sala, emitidos por la señal estatal. La justicia investiga si este pago constituye el delito de dádivas, dado el vínculo comercial de la empresa con el Estado.
El misterio se extiende al vuelo de regreso, el cual formó parte de un "paquete de 10 vuelos" valorado en 40.000 dólares y costeado por un tercero cuya identidad aún se mantiene bajo reserva.
A las sospechas por los viajes se suma la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito. Se conoció que en noviembre de 2024, su esposa, Bettina Angeletti, registró una casa de dos plantas en el exclusivo Indio Cua Golf Club. Llamativamente, esta propiedad no figura en la declaración jurada que el jefe de Gabinete presentó ante la Oficina Anticorrupción, a pesar de que la ley exige detallar los bienes del cónyuge.
Paralelamente, la diputada Marcela Pagano presentó una denuncia por conflicto de intereses relacionada con la consultora "+Be", propiedad de Angeletti. Según la acusación, la firma habría sido subcontratada por grandes empresas (como el Grupo Datco y National Shipping S.A.) que poseen contratos millonarios con organismos estatales bajo la órbita o influencia de Adorni, tales como YPF, AySA y el Banco Nación.
El juez Lijo ha ordenado medidas de alto impacto para reconstruir el circuito del dinero y los movimientos del funcionario, incluyendo:
Mientras el entorno del presidente Javier Milei observa con creciente inquietud el avance de las pruebas, la Justicia busca determinar si el estilo de vida exhibido por Adorni es compatible con sus ingresos declarados o si se trata de un esquema de corrupción estructural.