21 de agosto de 2025 - 21:55

Denunciaron penalmente a Javier y Karina Milei por "corrupción" dentro de la Agencia de Discapacidad

Tras los audios sobre una presunta red de coimas en la compra de medicamentos, el legislador de Izquierda Gabriel Solano admite “defraudación pública” y “tráfico de influencias”.

Según el diputado, la maniobra habría configurado un caso de “defraudación contra la administración pública” y “tráfico de influencias”. En su escrito, también pidió que se investigue al armador libertario Eduardo “Lule” Menem y al empresario Jonathan Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina.

“Los audios que pertenecen a Spagnuolo revelan el funcionamiento de una red de corrupción ampliamente extendida en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad”, dijo el izquierdista, quien festejó el rechazo al veto de Milei contra la ley de emergencia en Discapacidad.

Gabriel Solano, precandidato presidencial del Frente de Izquierda y dirigente del Polo Obrero. Foto: Orlando Pelichotti
Gabriel Solano, legislador del Frente de Izquierda.

Gabriel Solano, legislador del Frente de Izquierda.

“Según el ex titular de la Agencia, las coimas cobradas al menos desde el mes de agosto pasado oscilan entre el medio millón y los ochocientos mil dólares mensuales”, agregó Solano.

“Karina recibía el 3%”, asume Solano

Para el legislador, “esas coimas, equivalentes al 8% del precio pagado, se distribuían entre distintos funcionarios, a cuya cabeza estaba Karina Milei, que recibía el 3%”.

A su vez, sostuvo que el hecho “es de tal magnitud” que involucra “de manera directa” al Presidente, al insinuar que Spagnuolo le había informado a Milei sobre “esta red de corrupción y sobre la participación de su hermana en el negociado”.

“Ante este hecho, la Justicia debe realizar un careo entre ambos funcionarios para determinar la veracidad de las afirmaciones reveladas en los audios”, advirtió Solano.

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Y solicitó que se tomen “medidas de prueba urgentes”, entre las que mencionó “el secuestro de celulares, el rastreo de transferencias abriendo el secreto bancario y fiscal, y que se investiguen las entradas al ANDIS y Casa Rosada de los empresarios involucrados”.

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