Luego las declaraciones de Lorena González del Valle, empresaria de la firma Niro Construye S.A. y exparticipante de la primera edición de Gran Hermano, la Justicia Federal recibió una denuncia para investigar presuntas irregularidades y direccionamiento en la adjudicación de obra pública durante la gestión de Alberto Fernández.
El escrito fue impulsado por los abogados Roberto Herrero y Mariano Di Giuseppe ante un juzgado en lo Criminal Federal y también apunta contra el exministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi y la exGH.
Los denunciantes solicitaron además que se investigue a cualquier funcionario o particular que pudiera estar involucrado en los hechos.
El origen de la denuncia
El pedido de investigación se originó tras declaraciones públicas de González del Valle, conocida por su participación en el reality Gran Hermano, en las que confesó haber mantenido una relación personal con Alberto Fernández.
Según el planteo judicial, la empresaria habría contactado al entonces presidente y posteriormente fue derivada al ministro Ferraresi. Después de ese vínculo, su empresa comenzó a participar en licitaciones del programa PROCREAR, obteniendo varias adjudicaciones.
De acuerdo con la denuncia, Niro Construye S.A. participó en nueve procesos licitatorios y ganó al menos cuatro, vinculados a desarrollos habitacionales en distintos municipios bonaerenses.
Las obras bajo sospecha
Entre las obras mencionadas en la presentación judicial figuran proyectos de viviendas en Esteban Echeverría, Avellaneda (en las localidades de Wilde y Piñeyro), Luján y Martín Coronado.
Según información publicada en la página web de la empresa, Niro Construye construyó 240 viviendas en Esteban Echeverría, obra que fue inaugurada por el propio Alberto Fernández. También desarrolló 512 viviendas en Wilde, en el partido de Avellaneda, distrito que Ferraresi gobernó antes y después de su paso por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
A esto se suman otros dos contratos en esa localidad: el proyecto “Piñeyro Rivadavia” con 321 unidades habitacionales y “Piñeyro Entre Ríos” con 128 viviendas.
Para los denunciantes, si se comprueba que vínculos personales influyeron en la adjudicación de contratos estatales, el caso podría constituir una situación de “particular gravedad institucional”.
Los abogados señalaron que la contratación pública es un área especialmente sensible del Estado porque involucra grandes sumas de dinero y exige transparencia, igualdad de condiciones y evaluación objetiva de las ofertas.
En ese sentido, sostuvieron que la secuencia de hechos constituye un “indicio razonable” que amerita una investigación judicial. Por ello pidieron que la Justicia analice si los procesos licitatorios en los que participó la empresa se realizaron bajo condiciones de competencia real, si los criterios de evaluación fueron objetivos y si existieron posibles influencias externas para favorecer a la firma.