Un repaso detallado por las causas Vialidad, Ciccone y los casos provinciales que terminaron con exmandatarios y funcionarios de alto rango bajo custodia judicial.
Con condenas firmes y el aval de la Corte Suprema, el mapa del poder cambia en 2025: de la detención de Cristina Kirchner a la crítica situación de Alberto Fernández.
Foto:
A finales de 2025, el escenario judicial de la dirigencia política argentina presenta una fisonomía radicalmente distinta a la de años anteriores. Este cambio se debe principalmente a que una serie de procesos judiciales de larga data han alcanzado el grado de sentencia firme.
Según la doctrina vigente de la Corte Suprema de Justicia, una condena solo es ejecutable cuando se han agotado todas las instancias de revisión, un hito que para muchos referentes ocurrió durante el presente año tras el rechazo de los últimos recursos extraordinarios federales.
El caso más reciente y de mayor peso institucional es el de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tras la confirmación de su sentencia por parte de la Corte Suprema en junio de 2025, se activó la ejecución de la pena de seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, vinculado a la Causa Vialidad.
Actualmente, se encuentra bajo arresto domiciliario, un beneficio contemplado en el Artículo 32 de la Ley 24.660 para personas mayores de 70 años. Además de la restricción de libertad, la condena conlleva una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que marca un punto de inflexión en su trayectoria política.
Por su parte, el exvicepresidente Amado Boudou ha regresado a una situación de detención efectiva tras concluir los plazos de sus beneficios de libertad condicional. Su situación judicial quedó sellada por la condena en la Causa Ciccone, donde se probó su responsabilidad en los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.
La justicia determinó que el esquema utilizado para adquirir la empresa calcográfica mediante testaferros mientras ejercía como Ministro de Economía justificaba la custodia actual por parte del Servicio Penitenciario, alternando modalidades de monitoreo electrónico según los últimos informes de salud y conducta.
En el Penal de Ezeiza permanece Julio De Vido, quien fuera el ministro con mayor permanencia durante las gestiones kirchneristas.
Su regreso a la prisión efectiva en octubre de 2025 se produjo tras la ratificación de condenas en expedientes críticos como la malversación de fondos en la mina de Río Turbio y el fraude en la compra de buques de gas natural licuado (GNL).
A pesar de haber obtenido una absolución en el juicio de Vialidad, la acumulación de penas en otros frentes y la denegación del arresto domiciliario a comienzos de año forzaron su reingreso al sistema carcelario.
La situación federal se extiende también a figuras de peso provincial como Sergio Urribarri. El exgobernador de Entre Ríos fue trasladado a una unidad penal tras confirmarse su condena a ocho años de prisión por peculado y negociaciones incompatibles.
El sistema judicial provincial, con aval de las instancias superiores, consideró que existía un riesgo de fuga latente y que la gravedad de haber desviado fondos públicos para campañas políticas personales (la denominada "Megacausa") exigía la detención inmediata una vez confirmada la sentencia de casación.
Junto a estos líderes, otros exfuncionarios completan el cuadro de detenciones actuales. José López, exsecretario de Obras Públicas, cumple una condena unificada por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta, mientras que Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte, continúa bajo custodia vinculado a múltiples causas de corrupción ferroviaria.
Recientemente, se sumó Nelson Periotti, ex titular de Vialidad Nacional, cuya detención fue ordenada para dar cumplimiento a la pena de seis años dictada en el marco del direccionamiento de la obra pública santacruceña.
Finalmente, el panorama judicial alcanza al expresidente Alberto Fernández, aunque bajo un estatus procesal distinto. A diferencia de los casos anteriores, Fernández no posee condenas firmes y, por tanto, no se encuentra detenido.
Sin embargo, enfrenta un cierre de año complejo con prohibición de salida del país y una situación de imputado en dos frentes: la causa por violencia de género iniciada por Fabiola Yañez y la causa de los Seguros.
Al encontrarse estas investigaciones en etapa de instrucción, aún rige el principio de inocencia, aunque las citaciones a indagatoria previstas para inicios de 2026 podrían derivar en nuevas medidas cautelares según el avance de las pruebas recolectadas.