Diputados y Senadores presentaron sus declaraciones juradas en el Tribunal de Ética. Sin embargo, abril será el último mes de gestión de la mitad de los legisladores.
Casas, fincas, autos y activos financieros marcan perfiles patrimoniales diversos entre diputados y senadores. Foto: Prensa Legislatura.
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Abril será el último mes de gestión para la mitad de los legisladores provinciales, que dejarán sus bancas en mayo cuando asuman los nuevos representantes elegidos en octubre. En total, son 24 diputados y 19 senadores los que culminan su mandato y que ya presentaron su última declaración jurada correspondiente a 2025 ante el Auditoría de Ética Pública.
El organismo, a cargo de Gabriel Balsells Miró, publicó las presentaciones en cumplimiento de la Ley 8.993. Estos documentos, que toman como fecha de corte el 31 de diciembre del año anterior, permiten observar la evolución patrimonial de los funcionarios públicos, aunque con limitaciones: los bienes están valuados a precio fiscal y no reflejan el valor real de mercado.
La Legislatura mendocina está compuesta por 48 diputados y 38 senadores, renovándose la mitad de sus miembros cada dos años.
En este caso, de legisladores salientes en la Cámara Alta, 10 provienen de la UCR finalizan mandato, 7 del PJ, mientras que el PRO pierde 3 bancas. Por su lado, en la Baja, 15 miembros provienen de Cambia Mendoza, 7 del peronismo, mientras que el partido amarillo y el Partido Verde dejan un escaño cada uno.
Tras las elecciones de octubre, donde la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza se impuso con más del 50% de los votos, el nuevo esquema de poder que asumirá en mayo consolidará al oficialismo:
Entre los senadores salientes aparecen algunos de los patrimonios más diversificados, con fuerte presencia de inmuebles, vehículos y activos financieros.
El radical Martín Kerchner, quién renovó su banca en el senado por cuatro años más, declaró una casa, una moto BMW Adventure 2018 y un Jeep Compass 2021 como propios. A eso sumó un perfil financiero complejo: títulos, acciones, fondos comunes de inversión, participación en sociedades, productos bancarios y créditos.
También informó múltiples fuentes de ingresos, entre ellas su dieta como senador, actividad docente en la Universidad Católica Argentina, alquileres y rentas en pesos y dólares vinculadas al mercado de capitales.
Dentro del PJ, Pedro Serra informó un patrimonio ligado a la actividad productiva: posee el 100% de dos fincas y una casa, además del 50% de otra vivienda. En cuanto a vehículos, declaró una Chevrolet S10 2018 y una Nissan Frontier 2022.
También, el dirigente oriundo de San Rafael, reportó participación en sociedades, productos bancarios y deudas, con ingresos provenientes de su labor legislativa y su actividad como abogado.
Por el PRO, Valentín González declaró participación del 33% en cinco departamentos y una casa compartida con su cónyuge. En materia de vehículos, comparte una Nissan Frontier 2022 y un Fiat Idea 2008. Además, informó participación en sociedades —incluidas algunas de carácter comercial—, productos financieros, dinero en efectivo y deudas.
En tanto, la radical Ángela Floridia declaró el 100% de una casa y un departamento, además del 50% de dos lotes. Posee un Chevrolet Cruze, productos bancarios, dinero en efectivo y como ingreso principal su dieta como senadora.
En la Cámara de Diputados se destacan perfiles con mayor acumulación de bienes inmuebles y, en varios casos, un fuerte peso del patrimonio conyugal.
Uno de los casos más relevantes es el de Mauricio Torres (UCR), quien declaró el 100% de tres casas y otro inmueble adicional. Su cónyuge posee además una vivienda, un lote y un departamento.
En vehículos, Torres declaró el 50% de un Peugeot 208 2019, mientras que su pareja tiene una Jeep Renegade. También informó ingresos por su dieta y por cuatro alquileres, además de productos bancarios y deudas.
La radical Gisela Valdez declaró el 100% de dos casas y una cochera, además de un Toyota Yaris 2025. Informó productos bancarios, dinero en efectivo, deudas y como único ingreso su dieta legislativa.
Por su parte, Jorge López posee el 100% de una casa y el 50% de una finca en Lavalle. Declaró un Fiat Fastback 2025 y un Ford Fiesta, junto a activos financieros, dinero en efectivo y deudas.
El caso de Flavia Dalmau es particular: no tiene inmuebles a su nombre, pero su cónyuge declaró el 100% de una casa, nueve lotes y participación en otro más.
La legisladora posee un Ford Focus 2011 y un Chevrolet Cruze 2018, mientras que su pareja cuenta con otros dos vehículos, incluyendo una Toyota Hilux. También declaró productos bancarios, efectivo y deudas.
Entre los peronistas, Gustavo Perret presenta un patrimonio diverso: posee una casa, una camioneta Amarok 2021, una Honda CRV 2015, dos motos y una embarcación Canestrari con motor Mercury. Su cónyuge también declaró dos motocicletas. Además, informó ingresos como legislador, asesor legal y actividad vinculada a bancos y billeteras virtuales.
Otro caso llamativo es el de José Luis Ramón, quien declaró un lote propio y otro compartido por su cónyuge en Córdoba. En vehículos, posee un Volvo XC todo terreno 2013, una Toyota Hilux 2006 y una moto Honda Magna edición limitada.
La pareja del dirigente de Protectora suma un Peugeot 504, una Land Rover 1969 y dos Toyota más. Declaró ingresos como diputado y abogado, además de actividad agropecuaria familiar.
Finalmente, Roxana Escudero informó el 100% de una casa y el 50% de otra propiedad. Posee un Peugeot 308 2014, mientras que su cónyuge declaró una Dodge Ram, una Toyota SW4, un Chevrolet Cruze y una moto Honda. También cuenta con productos bancarios, dinero en efectivo y doble ingreso familiar.
La normativa vigente establece la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas anuales para todos los funcionarios públicos, convirtiéndose en una de las principales herramientas para observar la evolución patrimonial de quienes ocupan cargos en el Estado.
Sin embargo, el acceso a la información presenta limitaciones. Si bien los documentos son públicos, contienen datos parciales que no permiten reconstruir con exactitud el patrimonio total de los funcionarios.
En general, las declaraciones detallan principalmente bienes registrables, como inmuebles y vehículos, tanto propios como de sus cónyuges. Además, los valores consignados no reflejan el precio real de mercado, sino el avalúo fiscal, utilizado con fines tributarios.
Con la renovación legislativa de mayo, comenzará una nueva etapa en la que los legisladores entrantes deberán iniciar su propio recorrido patrimonial bajo las mismas reglas de transparencia.