Cristina Kirchner solicitó ante la Cámara Federal de Casación Penal una flexibilización de las condiciones en las que cumple su condena a seis años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario en su departamento de San José 1111.
El planteo fue presentado por el abogado de CFK ante la Cámara de Casación. El tribunal deberá definir si accede al pedido de la defensa o sostiene las restricciones impuestas.
Cristina Kirchner cumple su condena en su casa de San José 1111.
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Web Cristina Kirchner solicitó ante la Cámara Federal de Casación Penal una flexibilización de las condiciones en las que cumple su condena a seis años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario en su departamento de San José 1111.
El planteo fue presentado por su abogado, Alberto Beraldi, ante los jueces Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, quienes deberán resolver si modifican las actuales restricciones. Entre los pedidos figuran el retiro de la tobillera electrónica, la eliminación de la autorización judicial previa para recibir visitas y la ampliación del tiempo de uso de la terraza del edificio.
En paralelo, el fiscal ante la Casación, Mario Villar, solicitó que se mantengan las condiciones vigentes.
Beraldi pidió que se deje sin efecto la regla que exige autorización judicial previa para recibir visitas y que se reduzcan las limitaciones actuales, que permiten un máximo de dos encuentros semanales, de hasta tres personas por vez y por un plazo no mayor a dos horas. Además, solicitó que se eliminen las restricciones sobre la nómina de personas autorizadas a ingresar al domicilio y que se retire la tobillera electrónica.
El abogado sostuvo que la expresidenta “jamás se ausentó de su domicilio y siempre utilizó el dispositivo electrónico que le fuera colocado”, y añadió: “Ninguna persona visitó a nuestra representada sin contar con una autorización judicial previa”. También afirmó que Cristina Kirchner “no llevó a cabo ninguna conducta que pudiese alterar la tranquilidad del barrio o la convivencia pacífica con sus vecinos”.
En ese sentido, argumentó: “No se conocen antecedentes en los cuales se hayan establecido restricciones similares respecto a personas que cumplen pena bajo la modalidad de arresto domiciliario”, y consideró que existe “una clara violación al principio de igualdad ante la ley”.
El tribunal que la condenó decidió limitar las visitas luego de que la exmandataria recibiera a un grupo de nueve economistas y publicara una fotografía del encuentro. Sobre ese episodio, Beraldi afirmó: “Lo único que hizo nuestra representada fue reunirse con un grupo de profesionales que le entregaron un plan económico, algo que en modo alguno puede ser calificado como una infracción a las obligaciones impuestas o acaso una violación a las pautas del sentido común o normas de seguridad”.
Asimismo, sostuvo que “Las reglas propias del sistema penitenciario no son aplicables a ninguna persona que cumple pena bajo la modalidad domiciliaria”, y reiteró que la tobillera electrónica resulta innecesaria.
Por su parte, el fiscal Villar defendió las restricciones actuales y consideró que la reunión con los economistas implicó el incumplimiento de una regla de conducta. Según sostuvo, “la omisión de informar ese extremo relevante importó una defraudación de la buena fe y de la fidelidad debida al órgano judicial y al objetivo de resocialización del régimen de ejecución”.
Además, señaló que las condiciones impuestas no impidieron traslados necesarios, incluso en situaciones médicas. Ahora, la Cámara de Casación deberá definir si mantiene o revoca las restricciones. Hasta el momento, el juez Mariano Borinsky se manifestó a favor de flexibilizarlas, mientras que Barroetaveña y Hornos se inclinaron por sostenerlas.