Cerca de 689 millones de dólares ya fueron solicitados para proyectos de infraestructura. No obstante, el Gobierno logró casi 45 millones de ganancias a través de inversiones.
Las obras contemplan mecanismos de repago, por lo que la Provincia recuperará los montos invertidos.
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Los 1.023 millones de dólares del Fondo de Resarcimiento por la caída del régimen de Promoción Industrial se convirtieron en la “joya de la abuela” del segundo mandato de Alfredo Cornejo. Hasta este viernes, el Gobierno provincial ha asignado el 67% de esa partida a diversas obras públicas.
En un contexto de caída de la recaudación y de cese de transferencias desde el Gobierno nacional, Cornejo cuenta con una caja que le permite sostener su plan de infraestructura. Tan es así que, en el proyecto de Presupuesto 2026, entre 11 y 15% del total destinado a obra pública provienen de este fondo extraordinario.
Según el último informe trimestral del Ministerio de Hacienda, la asignación de fondos entre junio y el 26 de septiembre creció del 21% al 54%. No obstante, desde Casa de Gobierno precisaron a Los Andes que la cifra “se actualiza permanentemente” y que, hasta este viernes, el monto comprometido asciende al 67%.
Esto significa que hay 689 millones de dólares ya asignados a distintas obras, aunque desde el Ejecutivo aclararon que “no implica que se vaya a utilizar todo ese dinero”. En pesos, la cifra equivale a 1,002 billones.
Si bien el dato se difunde en plena campaña electoral, en el Gobierno aseguran que el incremento responde al avance de los procesos administrativos vinculados a los pliegos.
La subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Baduí, explicó a Los Andes que la ejecución de los proyectos atraviesa “un proceso de maduración” que implica cumplir distintas etapas administrativas antes de llegar al llamado a licitación.
“A medida que se obtienen los permisos ambientales, la afectación de activos y demás autorizaciones necesarias, se procede al llamado a licitación”, indicó.
La funcionaria también destacó la importancia de publicar los pliegos de manera anticipada, ya que eso permite recibir observaciones por parte de las empresas interesadas.
“Muchas veces nos solicitan mantenerlos publicados por más tiempo o prorrogar las fechas originalmente programadas. Eso representa una ayuda, porque nos permite hacer un mejor contrato, al detectar posibles errores o contradicciones”, explicó.
En cuanto a los plazos administrativos, Baduí sostuvo que el tiempo entre el llamado a licitación y el inicio efectivo de las obras “varía, pero suele ser de entre dos meses y medio y tres”. No obstante, aclaró que ese período puede extenderse si existen autorizaciones nacionales pendientes o demoras en las ofertas presentadas.
“Una vez adjudicada la obra las empresas, por ejemplo, aquellas que se presentan en UTE, deben completar trámites formales y gestionar las pólizas correspondientes. Esos procesos ya no dependen de la administración. Por eso, en general, hablamos de un promedio de dos a tres meses hasta el inicio efectivo”, agregó.
Frente a las especulaciones de que el Ejecutivo utiliza los anuncios “con fines de campaña”, de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, la subsecretaria consideró que “se trata de un análisis erróneo”.
“Esto es independiente de los momentos políticos o de variables externas, como los procesos electorales. En mi opinión, ese es uno de los análisis equivocados que a veces se hacen”, concluyó.
En materia vial, la gestión de Cornejo avanza con mejoras en rutas provinciales y nacionales, estas últimas mediante acuerdos con Vialidad Nacional. Baduí detalló que el Gobierno provincial se prepara para ejecutar tres proyectos estratégicos en distintas rutas mendocinas.
“La apertura de la licitación de la Ruta 143, que conecta Pareditas con San Rafael, se realizará el 21 de octubre. Es una obra de 44 millones de dólares, dividida en tres tramos, con un plazo de ejecución estimado entre 12 y 14 meses”, indicó.
Además, adelantó que están próximos a publicarse los pliegos para la Ruta 7, que se dividirá en dos tramos: desde la variante Palmira hasta Arturo González, y desde Arturo González hasta el nudo vial.
“En el primer tramo ya tenemos todo listo para publicar los pliegos de manera provisoria, solo estamos analizando un detalle de interferencias”, precisó.
Sobre el segundo tramo, explicó que “se encuentra en la etapa final”. El proyecto fue elaborado por la Municipalidad de Guaymallén con asistencia técnica de la Subsecretaría de Infraestructura. “Estamos ajustando algunos cálculos técnicos y financieros”, añadió.
Por último, señaló que la Ruta 40 también está en proceso de formulación. “En esa secuencia de obras, primero viene la 143, cuya apertura es el 21 de octubre; luego la Ruta 7 y, finalmente, la 40”, concluyó.
Según el informe de la cartera que conduce Víctor Fayad, al 26 de septiembre se habían anunciado 38 obras financiadas con el fondo originalmente destinado a Portezuelo del Viento. De ese total, 18 ya fueron adjudicadas y 10 comenzaron su ejecución.
En total, la Provincia asignó 556 millones de dólares. Si bien podría parecer que Cornejo ya gastó más de la mitad del Fondo de Resarcimiento, no es así: todas las obras contemplan mecanismos de repago, por lo que la Provincia recuperará los montos invertidos en el futuro.
En concreto, hasta septiembre el Ejecutivo firmó compromisos por 77,4 millones de dólares (equivalentes a 112.666 millones de pesos al cambio oficial de $1.455).
De ese total, se abonaron 7,7 millones de dólares (11.287 millones de pesos) correspondientes a obras en ejecución.
En junio de 2024, el Gobierno provincial obtuvo aval legislativo para utilizar los 1.023 millones de dólares del fondo. Desde entonces, Cornejo anunció su plan de obras y, en paralelo, el ministro Fayad definió una estrategia de inversión en instrumentos financieros para evitar la pérdida de valor frente a la inflación.
Actualmente, el Fondo de Resarcimiento asciende a 1.063 millones de dólares, de los cuales unos 20 millones corresponden a inversiones en pesos. Descontados los 1.023 millones originalmente recibidos, la provincia obtuvo entre 40 y 45 millones de dólares adicionales gracias a colocaciones financieras en moneda local y extranjera.
Según los datos oficiales, alrededor del 60% de los fondos está invertido en plazos fijos en bancos argentinos, mientras que el 40% restante se encuentra en bonos y letras del Tesoro de Estados Unidos, instrumentos considerados de alta seguridad.
El esquema financiero combina inversiones de largo plazo, como los títulos del Tesoro estadounidense; plazos fijos en dólares a mediano plazo; y activos líquidos en pesos, destinados al pago de certificados de obra.
En concreto, la Provincia invirtió 563 millones de dólares en plazos fijos distribuidos de la siguiente manera:
Además, mantiene 2.820 millones de pesos en un Fondo Común de Inversión (FCI), que permite disponer de liquidez inmediata para afrontar pagos a proveedores.
Por otro lado, la Provincia posee más de 471 millones de dólares invertidos en títulos del Tesoro estadounidense y otros 8 millones en fondos comunes en esa moneda.
Desde Casa de Gobierno sostienen que se optó por esas herramientas “por ser las más seguras del mercado”. Las inversiones en títulos norteamericanos se distribuyen del siguiente modo:
