Es de esperar que esta voluntad de los gobernadores Cornejo, Torres y Vidal de accionar penalmente en la Justicia de los Estados unidos por el negociado de la transferencia accionaria a la familia Eskenazi por parte del gobierno de Kirchner se concrete, ya que las posibilidades de éxito son buenas y así evitaríamos cargar al pueblo argentino con una deuda producto de la escandalosa vocación para el saqueo que mostró el kirchnerismo.
El gobernador Alfredo Cornejo y su par de Chubut, Nacho Torres, en Comodoro Py por la causa Eskenazi.
Foto:
Gobierno de Mendoza El acuerdo de los gobernadores de Mendoza, Chubut y Santa Cruz, provincias petroleras y accionistas de la empresa YPF, de accionar penalmente en la Justicia de los Estados unidos por el negociado de la transferencia accionaria a la familia Eskenazi por parte del gobierno de Kirchner, es una excelente noticia ante la inacción por no decir complicidad del gobierno de la Nación en este asunto, como lo fue también el gobierno de Alberto Fernández.
Los Eskenazi se vincularon con Néstor Kirchner cuando este privatizó el Banco de Santa Cruz del que resultaron beneficiarios. Kirchner, como presidente de la Nación, promovió que compraran el 15% y luego el 10% de las acciones.
Al fallecer Néstor Kirchner se habría suscitado un conflicto entre sus herederos y los beneficiados por el regalo presidencial, provocando la decisión de expropiar el paquete accionario en manos de Repsol. Hubo que pagar una compensación por cinco mil millones de dólares, que con los intereses alcanzó a los nueve mil millones, además se eximió a Repsol de cualquier responsabilidad por los pasivos ambientales.
La mala praxis del entonces ministro de economía Axel Kicilloff, jactándose de “no ser un tonto que respetaría el estatuto societario” provocó el juicio que el fondo Burford Capital, adquirente de parte de los derechos del litigio a las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, de los Eskenazi, iniciara contra YPF y el estado nacional, un juicio que se ha perdido y condenado a pagar 16 mil millones de dólares en la instancia civil.
Estos escándalos fueron denunciados en 2008 por la doctora Elisa Carrió, causa que tramita en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo. Tramita es un decir porque ese juez nunca se preocupó por investigar la denuncia, como es su costumbre; tal vez por eso el presidente Milei lo quiso premiar promoviéndolo como juez de la Corte Suprema, postulación que no logró el acuerdo del Senado.
La Argentina tiene que seguir la línea penal, evitada, por los sucesivos procuradores del Tesoro, algunos con vínculos con los Kirchner y los Eskenazi, como Carlos Zannini, que fuera el secretario legal y técnico en los gobiernos del matrimonio Kirchner y director del Banco de Santa Cruz, dirigido por los Eskenazi cuando perdió las elecciones como integrante de la fórmula presidencial que encabezaba Daniel Scioli.
El informe de la UIF, conducida por Mariano Federici y María Eugenia Talerico hasta 2019 es concluyente y deber ser la base de la denuncia penal en la Secretaría de Justica de los Estados Unidos, ya que aporta abundante evidencia para ser tratada en una instancia penal. Describe la historia de delitos cometidos en complicidad entre las familias Eskenazi y el matrimonio Kirchner iniciados cuando Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz y los Eskenazi titulares del banco de la provincia.
Este vínculo, remarca el informe de la UIF, fue clave para que Repsol le vendiera el 25 % del capital accionario a Eskenazi, durante la presidencia de Néstor Kirchner. Agrega el informe que Repsol escogió un comprador sin antecedentes en energía y sin el dinero para la compra; que no pagó dinero alguno, sino que financió íntegramente el precio y el financiamiento se repagó, exclusivamente con la casi totalidad de las ganancias de la Compañía con dividendos excesivos produciendo el vaciamiento de la empresa, según este informe.
Esta estrategia se facilitó con la designación de Sebastián Eskenazi como Ceo de la empresa a pesar del carácter minoritario de su familia en la composición accionaria de la sociedad. Repsol también fue beneficiada por esta situación pues percibió dividendos muy superiores a los que cobraba antes de esta transferencia accionaria. Estos dividendos se cobraron a costa de la capacidad inversora de la empresa provocando la pérdida del autoabastecimiento y las crecientes importaciones de petróleo y gas que recién ahora se ha revertido.
Los procuradores del Tesoro nombrados por el gobierno actual, los que reemplazaron al doctor Barra con vínculos con los abogados de los fondos demandantes, no han sabido o no han querido actuar en defensa de los intereses de los argentinos.
Las posibilidades de éxito son buenas porque la Dirección Criminal de la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos tiene un historial de lucha contra la corrupción. Además, los precedentes de la Corte Suprema de los Estados Unidos con la tipificación del concepto de “deuda odiosa” a las originadas en casos de corrupción, rechazando demandas de bancos y fondos con acreencias hacia gobiernos corruptos que pretendían cobrar a sus sucesores, juegan a favor de nuestro país.
Es de esperar que esta voluntad de accionar de los gobernadores Cornejo, Torres y Vidal, se concrete ya que las posibilidades de éxito son buenas y así evitaríamos cargar al pueblo argentino con una deuda producto de la escandalosa vocación para el saqueo que mostraba Néstor Kirchner y de la inacción de otros por complicidad o miedo o porque en algunos de estos asuntos no hay grieta.
* El autor es presidente de la Academia Argentina de la Historia.