Conciliación obligatoria: la tajante respuesta del Gobierno ante el gremio judicial

La Subsecretaría de Trabajo aceptó el pedido del Poder Judicial, dictó la conciliación obligatoria y fijó fecha de audiencia a las partes.

Un sector de los empleados en huelga hizo un piquete en el piso donde funciona la Corte provincial.
Un sector de los empleados en huelga hizo un piquete en el piso donde funciona la Corte provincial.

Finalmente, y tras 17 días de paro consecutivo por parte de trabajadores judiciales, la Subsecretaría de Trabajo accedió a la solicitud de la Suprema Corte de Justicia y dictó la conciliación obligatoria para que representantes del Poder Ejecutivo y de los gremios judiciales se sienten a negociar.

Para el gremio la medida es positiva, teniendo en cuenta que días atrás había llegado la firma del decreto de aumentos salariales por parte del gobernador, Alfredo Cornejo; y porque además “obligaría” al Gobierno a reabrir paritaria del segundo trimestre del año.

En tanto, en el Poder Ejecutivo se expresaron al respecto y dejaron en claro que no se moverán de la propuesta general y que seguirán seguiremos ofreciendo un ítem contra productividad.

“Pueden revisar otras cuestiones con su empleador que es el Poder Judicial, pero no nos movemos de las pautas generales que podemos cumplir”.

La audiencia se fijó para el viernes 7 de junio a las 10. Desde el gremio de empleados judiciales confirmaron que fueron notificados a media mañana y que acatarán la medida. Esto implica el cese inmediato de la huelga.

La noticia fue conocida mientras llevaban una marcha en conjunto con Ampros hacia Casa de Gobierno, en el marco del paro masivo que mantienen desde hace más de dos semanas, que tuvo porcentajes altos y que esta semana superaba el 40% de acatamiento.

Expectativas

Los Andes dialogó con Ricardo Babillón, secretario general del gremio, quien sostuvo que la medida será buena “siempre y cuando todas las partes cumplan con su rol”, a la espera de una mejora salarial que pueda proponer el Ejecutivo.

Para el gremialista, la medida estaba “al caer” y que era “esperable”. “Todos queremos darle una solución al conflicto, esto quiere decir que el Gobierno debe llevar una propuesta superadora y también esperamos que la Corte se siente en su rol de patronal a aportar soluciones”.

Si bien desde el sindicato entienden también que la Suprema Corte no maneja recursos como para establecer mejoras en la paritaria, indicaron que “tienen una fuerte influencia porque son la cabeza del Poder Judicial y se pueden sentar a discutir”.

“No es lo mismo que un secretario general pida un aumento, que lo haga y presione la propia Corte”, fundamentó Babillón.

No obstante, como se mencionó, en el Poder Ejecutivo no se “correrán” de las estrategias paritarias que han tenido con el resto de los sindicatos, que se han correspondido en mismos porcentajes de aumento para todos los gremios, aunque con mejoras en los ítems de manera particular, según los casos.

Además, consideraron que el gremio “estaba buscando la conciliación obligatoria, porque ya no se bancaban más las medidas de fuerza que lanzaron hasta el viernes; y de a poco iban perdiendo fuerza”.

No nos vamos a mover ni un ápice de la propuesta general, seguiremos ofreciendo ítem contra productividad y tienen la posibilidad de llegar al 11% o 10% más bono con cambio de base a enero como tiene el resto de los empleados estatales”.

Y añadieron: “Pueden revisar otras cuestiones con su empleador que es el Poder Judicial, pero no nos movemos de las pautas generales que podemos cumplir”.

Pedidos

Por otro lado, Babillón consideró que, al haber sido dictada la conciliación obligatoria, “la situación debe volver a cuando fue el origen del conflicto y las posibles órdenes de descuentos más el decreto de aumento no debería correr como oferta en la negociación”.

Según Babillón, sí deberán “negociarse y discutirse” los días de descuento (fueron 20 días de paro), pero aclaró que hoy por hoy no deberían establecerse descuentos para el próximo bono de sueldo.

“El conflicto se originó desde que el Gobierno se retiró de la mesa paritaria. Todo lo que sucedió en el medio, el decreto y los descuentos, no deben correr por ahora”, enfatizó.

Al margen, se mostró optimista de acuerdo a una posible mejora en la relación con el Poder Ejecutivo para poder “llegar a entendimientos”. “Se piden gestos de voluntad, pero tienen que mejorar la oferta que presentaron anteriormente”.

Además, sostuvo que la situación en el Poder Judicial “se normalizará en los próximos días, siempre con el retraso lógico de las jornadas de paro”.

En este caso, Babillón prefirió no hablar de porcentajes con los cuales podrían aceptar una oferta salarial. No obstante, las que sí se rechazaron consistían, por un lado, en un 11% para abril, otro 11% para mayo y otro 11% para junio, con una base de cálculo para enero; mientras que la otra alternativa era de un 10% para abril, mayo y junio, más sumas no remunerativas y no bonificables de $70.000 en abril; $50.000 en mayo; y $30.000 en junio.

Sin embargo, el aumento por decreto que recibieron los judiciales el 17 de mayo fue menor a las dos propuestas ofrecidas con anterioridad.

El artículo 1 del decreto 947 les otorgó “a los agentes públicos pertenecientes al Régimen Salarial 10, un incremento salarial del 10% sobre la asignación de clase para abril, mayo y junio de 2024 respectivamente calculados sobre la base fija del mes de diciembre de 2023.

El incremento es no acumulativo y alcanza exclusivamente a los agentes del sector”. Como se mencionó, en paritarias, a los judiciales les habían ofrecido un mayor porcentaje y sumas fijas que no aparecieron en el decreto.

Medidas de fuerza

Según datos oficiales del Poder Judicial, este martes en el fuero penal la asistencia fue del 41,22%. Es decir que hubo un acatamiento casi del 60% entre funcionarios y empleados del Polo Judicial. Misma situación ocurrió tanto el lunes como este miércoles, última jornada de paro antes de la conciliación obligatoria.

Vale decir que la Corte extendió la suspensión de las audiencias menos urgentes en este fuero y dará prioridad a aquellas “con personas detenidas o que pudieran recuperar su libertad”.

A través de una resolución del coordinador del fuero penal, el ministro José Valerio, se dispuso concretamente la suspensión de audiencias “sin personas detenidas” hasta el lunes que viene.

Esta medida rige también para primera y tercera circunscripciones judiciales (Gran Mendoza y el Este), que son las zonas donde tiene impacto fuerte el paro.

En el caso de la Segunda Circunscripción hubo este martes un porcentaje de 46,90% de asistencia. El listado continuó con el fuero de Familia (53,06%); la Tercera Circunscripción (56,83%); el fuero Civil (58,02%) y el fuero Laboral, por último, dónde menos incidió el paro: 67,64%.

El dictado de Conciliación Obligatoria

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