La Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga al Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. En la Casa Rosada hablan de un fuerte impacto fiscal y crecen los cuestionamientos internos por la estrategia judicial.
Fallo de la Corte por el financiamiento universitario genera fuerte malestar en el Gobierno de Milei
Foto:
Ramiro Gómez / Los Andes La decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar firme la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario desató una fuerte crisis interna en la administración de Javier Milei, donde comenzaron a multiplicarse los cuestionamientos por la estrategia judicial que se siguió en el caso.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el fallo representa un duro revés para el oficialismo, tanto por sus implicancias políticas como por el impacto económico que tendría su cumplimiento.
En el Gobierno estiman que la actualización de los fondos para las universidades nacionales implica un costo cercano a 1,3 billones de pesos, una cifra que el Ministerio de Economía asegura no tiene contemplada en el presupuesto.
El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había advertido que no existían partidas disponibles para afrontar ese gasto, aunque tras la resolución judicial comenzó una revisión de las cuentas públicas para evaluar alternativas.
Además del impacto económico, el fallo abrió un frente de críticas dentro de La Libertad Avanza hacia quienes estuvieron a cargo de la estrategia judicial.
Fuentes del oficialismo sostuvieron que el Ministerio de Capital Humano mantenía un diálogo avanzado con los rectores de las universidades nacionales para impulsar una nueva Ley de Financiamiento Universitario, diseñada para compatibilizar la actualización de recursos con el equilibrio fiscal.
Sin embargo, ese proyecto nunca avanzó con rapidez en el Congreso.
Dentro del oficialismo atribuyen esa demora a la estrategia impulsada por operadores vinculados al Ministerio de Justicia, quienes apostaban a que la Corte Suprema resolvería favorablemente el planteo del Gobierno.
Según trascendió, esos sectores sostenían que el máximo tribunal le daría "un gesto" al Ejecutivo que permitiría ganar tiempo y aliviar la presión política.
Con el fallo ya conocido, esa expectativa quedó descartada y, en Balcarce 50, crecieron las críticas hacia quienes diseñaron esa hoja de ruta.
El malestar se profundizó porque, según destacan en el oficialismo, la resolución llegó pocos días después de que el Gobierno alcanzara un entendimiento parcial con las universidades para comenzar a cumplir algunos aspectos de la ley.
La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
En su resolución, la Corte consideró inadmisible el planteo presentado por el Estado nacional porque estaba dirigido contra una medida cautelar, que no constituye una sentencia definitiva.
De esta manera, el máximo tribunal evitó pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley de Financiamiento Universitario o del Decreto 759/25 y limitó su decisión a una cuestión estrictamente procesal, dejando vigente la cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con la normativa.