El gobierno de Javier Milei modificó este lunes el Presupuesto 2026 y aplicó una serie de recortes que impactan en distintas áreas de Mendoza, entre ellas infraestructura vial, vitivinicultura, energía nuclear y Justicia Federal.
Las reducciones presupuestarias alcanzan partidas de Vialidad Nacional destinadas a la RN 40, la Ruta 7 y la Doble Vía de Mendoza - San Juan.
El gobierno de Javier Milei modificó este lunes el Presupuesto 2026 y aplicó una serie de recortes que impactan en distintas áreas de Mendoza, entre ellas infraestructura vial, vitivinicultura, energía nuclear y Justicia Federal.
Entre los ajustes más significativos aparecen reducciones en partidas destinadas a obras sobre rutas nacionales estratégicas para la provincia, como la Ruta Nacional 40 y el Sistema Cristo Redentor, además de rebajas en fondos para mantenimiento vial y seguridad sobre corredores nacionales.
La medida quedó formalizada a través de una resolución administrativa firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con respaldo del Ministerio de Economía.
El documento establece reasignaciones de fondos entre distintos organismos nacionales y contempla, entre otros puntos, refuerzos para el pago de deudas previsionales, sentencias judiciales y planes de retiros voluntarios dentro de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
Uno de los sectores más alcanzados por las modificaciones presupuestarias es el vial. Según las planillas oficiales, el 4° Distrito Mendoza de la Dirección Nacional de Vialidad sufrió recortes en distintas partidas operativas destinadas tanto al mantenimiento cotidiano como a obras de infraestructura.
Entre las reducciones aparecen $940,5 millones menos para trabajos de seguridad vial sobre rutas nacionales de la provincia y otros $940,5 millones destinados al mantenimiento de obras, categoría que incluye puentes, estructuras y pasos elevados.
A esto se suma una baja de $767,5 millones para tareas generales de mantenimiento dentro de la red vial nacional en Mendoza.
Las modificaciones también impactan sobre proyectos estratégicos vinculados al corredor bioceánico. Uno de ellos es la refuncionalización integral del Paso Sistema Cristo Redentor, que incluye el Túnel Caracoles y galerías de interconexión. Allí se aplicó una reducción presupuestaria de $315,1 millones para el ejercicio 2026.
De acuerdo con las planillas oficiales, el ajuste recae específicamente sobre gastos de capital destinados a construcciones en bienes de dominio público dentro del programa de Construcciones Viales de Vialidad Nacional.
La obra forma parte de uno de los pasos internacionales más importantes del país y conecta Mendoza con Chile a través de la Ruta Nacional 7.
Dentro del mismo esquema de ajustes aparece una reducción de $521,3 millones para la Variante Palmira - Luján de Cuyo, correspondiente a la Autopista Ruta Nacional 7. Esta obra fue habiitada por el Gobierno provincial y Nacional en octubre del año pasado.
El proyecto cuenta con financiamiento asociado al préstamo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y forma parte de las obras previstas para el Sistema Cristo Redentor.
En paralelo, la construcción de la autopista de la Ruta Nacional 40 en el tramo que conecta el límite interprovincial Mendoza-San Juan con la intersección del acceso sur registra una rebaja superior a los $2.025 millones.
La RN 40 atraviesa Mendoza de norte a sur y actualmente presenta distintos sectores con obras paralizadas o demoradas. Uno de los casos es el tramo entre el Aeropuerto El Plumerillo y Lavalle, donde la doble vía permanece frenada desde el cambio de gestión nacional.
Según indicaron desde el cuarto piso de Casa de Gobierno, continúan las gestiones semanales ante la Nación para reactivar tanto ese tramo como otras intervenciones pendientes sobre la Ruta 40 y los puentes de Anchoris. Sin embargo, hasta el momento no se registraron movimientos concretos de obra.
A finales de abril, durante su visita a la Cámara de Diputados, Manuel Adorni confirmó que no existe una fecha definida para una posible reactivación de la doble vía Mendoza-San Juan.
Aunque el tramo de 29 kilómetros entre el Aeropuerto El Plumerillo y Jocolí continúa catalogado como “prioritario”, permanece oficialmente bajo estatus de neutralización. Según detalló el funcionario nacional, la obra presenta un avance del 55,59%.
También se informó que Vialidad Nacional mantiene negociaciones con las empresas constructoras para redefinir deudas y costos pendientes antes de avanzar con una eventual reactivación.
La obra había sido nuevamente impulsada en 2021 por sectores industriales de Mendoza y San Juan luego de los daños registrados en la calzada tras los movimientos sísmicos de ese año. El diseño previsto contempla una autopista de doble calzada de 7,3 metros por mano, pavimento de hormigón y seis intercambiadores a desnivel iluminados.
En paralelo, el Gobierno nacional extendió recientemente el plazo de la licitación pública nacional e internacional para la concesión del Tramo Cuyo de la Ruta Nacional 7, que incluye la intervención y mantenimiento de más de 329 kilómetros entre el Arco Desaguadero y el paso a Chile.
Las modificaciones presupuestarias también alcanzan al Instituto Nacional de Vitivinicultura, organismo con sede en Mendoza encargado de regular y fiscalizar una de las principales actividades económicas de la provincia. Según las planillas oficiales, el INV sufrió una reducción total de $386,5 millones.
Parte del ajuste impacta sobre gastos operativos vinculados a la compra de compuestos químicos, insumos de laboratorio, mantenimiento de maquinaria y pago de seguros.
Además, se registran recortes en partidas destinadas a equipamiento tecnológico, incluyendo computadoras, sistemas informáticos y programas utilizados para tareas de control y fiscalización.
Las modificaciones presupuestarias también alcanzan al área de energía nuclear y afectan a la remediación ambiental del Complejo Minero Fabril San Rafael, bajo la órbita de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
El ajuste total asciende a $600 millones. De ese monto, $100 millones corresponden a bienes de consumo vinculados a compuestos químicos necesarios para tareas de saneamiento y otros $500 millones afectan servicios de mantenimiento y reparación de edificios del complejo.
Desde el Ministerio de Ambiente y Energía, a cargo de Jimena Latorre, aclararon que Sierra Pintada "depende exclusivamente del Estado nacional y que la Provincia únicamente cumple funciones de autoridad de control ambiental" por tratarse de instalaciones ubicadas en territorio mendocino.
En ese sentido, remarcaron que Mendoza no administra los fondos del proyecto ni financia las tareas de remediación. Además, sostuvieron que durante la actual gestión nacional comenzaron a registrarse avances vinculados a la actualización del plan de remediación presentado por la CNEA, lo que permitió habilitar nuevas disponibilidades presupuestarias para el complejo.
Por otra parte, el ajuste presupuestario también impacta sobre la Justicia Federal en Mendoza. Las planillas oficiales muestran una reducción de $2.043 millones en el Área Cámara Mendoza, correspondiente al programa de Justicia Federal bajo la órbita del Poder Judicial de la Nación.
Según el detalle presupuestario, la quita afecta específicamente gastos corrientes destinados al pago de personal permanente dentro del Subprograma 10 de la jurisdicción.