La Sala IV del máximo tribunal penal ratificó el decomiso de bienes. También permitió el uso del Índice de Precios al Consumidor para actualizar el monto, el cuál ya ascendió.
La ex presidenta Cristina Kirchner volvió a salir al balcón pasadas las 17.30 de hoy para saludar a los militantes que permanecían en los alrededores de su departamento del barrio de Constitución, en la antesala de la presentación que la ex mandataria hará el miércoles próximo en los tribunales de Comodoro Py para cumplir con la manda judicial tras el fallo por la causa Vialidad.
Foto:
NA / Damián Dopacio La Justicia argentina avanzó en la Causa Vialidad en medio de los reclamos presentados por los condenados. Ahora, la Cámara Federal de Casación desestimó los recursos presentados por la exvicepresidente Cristina Kirchner vinculados al cálculo del decomiso de bienes.
La decisión deja firme que todos los condenados deberán afrontar de manera conjunta la millonaria suma fijada por el tribunal, de acuerdo a lo informado por Noticias Argentinas.
Según lo resuelto de manera unánime por la Sala IV (integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña), el monto a responder asciende a casi 685 mil millones de pesos, cifra que había sido determinada previamente y que ahora quedó ratificada.
El 15 de julio, el Tribunal Oral Federal 2 -responsable de ejecutar la pena- intimó a todos los responsables de la maniobra a pagar aquella suma en el plazo de diez días hábiles. Sin embargo, nadie pagó.
Incluso, la defensa de la expresidente cuestionó la cifra arribada partiendo de la base de la defraudación que en la sentencia de juicio se había fijado en 85.000 millones de pesos, y la metodología aplicada por los peritos de la Corte Suprema de Justicia para arribar a los más de 684.000 millones.
En sus votos de este miércoles, los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación coincidieron en que la condena dictada en diciembre de 2022 se encuentra firme desde la intervención de la Corte en junio pasado, "lo que clausura cualquier debate sobre la procedencia o extensión del decomiso".
En este mismo sentido señalaron que lo que corresponde ahora es "únicamente su ejecución, con la actualización necesaria para resguardar el valor real de las sumas confiscadas".
Con un criterio unánime, los integrantes del máximo tribunal penal, indicaron que el decomiso es una “consecuencia legal e imperativa de la condena penal prevista en el artículo 23 del Código Penal”.
Al momento de referirse a la actualización del monto, los camaristas respaldaron el dictamen técnico del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como así también el criterio aplicado por las profesionales del Ministerio Público Fiscal.
Los jueces entendieron que dichos informes en los que se basó el TOF 2 para exigir el pago del decomiso a la expresidente y a los demás ocho condenados por corrupción, “garantiza independencia, imparcialidad y solidez metodológica”.