El Ejecutivo aclaró que solo quedarán excluidas de licitaciones las empresas sancionadas por el Banco Mundial o el BID. La modificación del Régimen de Contrataciones busca simplificar los criterios de exclusión y evitar “impedimentos operativos”.
Causa Cuadernos: el Gobierno aclaró que “no hay ningún impedimento” para que empresas investigadas tomen concesiones.
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Luego de la modificación del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, el Gobierno aclaró que no existe ningún impedimento legal para que empresas argentinas involucradas en causas de corrupción puedan ser contratistas del Estado. Sin embargo, destacó que la medida siempre que no estén sancionadas por organismos de crédito internacionales.
La aclaración surgió tras la publicación del Decreto 5/2026, que amplió los criterios de exclusión en la contratación pública y generó dudas sobre el alcance de la nueva normativa. Desde la Casa Rosada, fuentes oficiales señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que “no hay ningún impedimento” para contratar empresas investigadas judicialmente, y precisaron que la restricción alcanza únicamente a aquellas inhabilitadas por el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La modificación del régimen limita la exclusión a firmas vinculadas a prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas, siempre que estas conductas hayan motivado una sanción formal por parte de los organismos multilaterales de crédito.
En este contexto, en el marco de las licitaciones de los corredores viales de las rutas 12 y 14, conocidas como la “Ruta del Mercosur”, aparecen empresas relacionadas con la investigación judicial denominada causa Cuadernos, como Autovía Construcciones, perteneciente al grupo José Cartellone.
Se trata del Tramo Conexión, que incluye el puente Rosario–Victoria, donde está prevista la implementación de un nuevo peaje.
El decreto, publicado este martes en el Boletín Oficial, establece que toda persona humana o jurídica incluida en las listas de inhabilitados del BM o del BID quedará automáticamente excluida de participar en licitaciones, concesiones de obra pública o provisión de bienes y servicios en el ámbito de la Administración Pública Nacional, mientras persista dicha condición.
Según el texto oficial, la decisión apunta a fortalecer la transparencia y mejorar la lucha contra la corrupción, al reconocer que la normativa anterior presentaba “impedimentos operativos” para su correcta aplicación.
Hasta ahora, la exclusión se limitaba a sanciones vinculadas específicamente a cohecho transnacional, en el marco de la Convención de la OCDE. Sin embargo, el Gobierno advirtió que los listados de inhabilitados de los bancos multilaterales no detallan la causa exacta de la sanción, lo que obligaba a verificaciones imposibles y dificultaba la exclusión efectiva.
Con la nueva disposición, la causal de inelegibilidad se amplía e incluye prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas, obstructivas, apropiación indebida y cualquier otro motivo que haya dado lugar a la sanción internacional.
El decreto entrará en vigencia a los 15 días corridos desde su publicación. Además se aplicará a todos los procedimientos de selección que se autoricen o convoquen a partir de esa fecha.
