El Tribunal Oral Federal Nº 7 retomará este jueves la lectura del requerimiento fiscal, donde se detalla el presunto sistema organizado de recaudación ilegal operado desde el Ministerio de Planificación durante más de una década.
Los 86 imputados de la causa Cuadernos.
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El debate oral por los escritos de Oscar Centeno se reanudará este jueves a las 9, con la lectura de uno de los segmentos más relevantes del requerimiento fiscal en la causa conocida como los cuadernos. Tras el fallido intento de recusación impulsado por la defensa de Julio De Vido, que ocupó gran parte de la audiencia previa, el Tribunal Oral Federal Nº 7 avanzará ahora sobre las últimas 47 páginas del tercer requerimiento de elevación a juicio.
Ese tramo expone el núcleo de la acusación: la presunta existencia de un sistema organizado, estable y jerarquizado de recaudación ilegal, que habría funcionado en el Ministerio de Planificación entre 2003 y 2015. Para la fiscalía, dicho entramado se sostiene en pruebas documentales, declaraciones de imputados colaboradores y registros que vinculan movimientos de dinero con funcionarios y empresarios.
La parte que será leída este jueves aborda la valoración probatoria de los testimonios de los arrepentidos. Según la acusación, existían dos mecanismos de recaudación: uno ejecutado directamente por funcionarios que retiraban fondos de empresas y otro articulado por intermediarios financieros dedicados a cobrar retornos vinculados a obras públicas de gran escala.
El análisis fiscal señala a firmas como Panedile, Faraday, Secco y JCR, entre otras, por haber integrado un esquema de pagos ilegales “inducidos por la expectativa cierta de beneficios” en licitaciones, certificaciones, modificaciones de plazos y gestiones regulatorias. Cada episodio —según consta en el dictamen— enlaza comunicaciones, movimientos de dinero y presencia de funcionarios en momentos clave.
Lo que sigue en esta instancia del juicio es la exposición de cómo el fiscal Carlos Stornelli ensambló los distintos elementos probatorios para sostener su afirmación más contundente: que existió una estructura delictiva centralizada, cuyos circuitos —según la acusación— llegaban al departamento de la calle Uruguay o a la Quinta de Olivos, donde Daniel Muñoz, secretario de Néstor Kirchner, habría recibido fondos en representación de las máximas autoridades.
También está previsto que se lea el apartado sobre Roberto Baratta, señalado por el Ministerio Público como la “pieza operativa clave” del circuito de recaudación y nexo permanente entre empresarios, intermediarios y otros funcionarios involucrados.
La reanudación del debate ocurre tras una audiencia atípica el martes 2 de diciembre. Ese día, el tribunal interrumpió la sesión durante casi cuatro horas para evaluar la recusación presentada por De Vido, que finalmente fue desestimada por inadmisible. La demora solo permitió retomar brevemente la lectura de descargos, dejando pendiente la parte central del análisis probatorio que continuará este jueves.