El Tribunal Oral Federal N° 7 retoma esta semana las audiencias del caso Cuadernos, donde concluirá la lectura del requerimiento fiscal y comenzará el tramo conocido como “La Camarita”, que investiga presuntos acuerdos ilícitos en la obra pública vial.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
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El Tribunal Oral Federal N° 7 inicia esta semana un nuevo tramo del juicio por la causa principal de los cuadernos del exchofer de Roberto Baratta. Todo ocurre en medio de definiciones clave sobre la modalidad de las audiencias y el lugar donde continuará el proceso en 2025.
Con dos audiencias semanales, el tribunal terminará la lectura del requerimiento de elevación a juicio y pasará luego al capítulo conocido como “La Camarita”.
En esta etapa se repasa la parte final de las anotaciones de Óscar Centeno, quien aseguró haber escrito los cuadernos inicialmente para recordar direcciones, pero que “a partir de sospechas” sobre el movimiento de valijas y montos en dólares comenzó a detallar recorridos, entregas y visitas vinculadas —según su propio testimonio— al esquema de recaudación ilegal atribuido a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal.
Según reconstruyó la Agencia Noticias Argentinas, el chofer incluso habría confiado los cuadernos a un amigo policía como resguardo.
A Cristina Kirchner se le atribuye el rol de jefa de una asociación ilícita y se la acusa de ser “destinataria final del dinero”, involucrándola en 175 hechos de cohecho pasivo. En el mismo tramo están imputados el exministro Julio De Vido, Roberto Baratta y un grupo de empresarios señalados por presuntos pagos ilegales para obtener contratos.
Superada esa lectura, el tribunal iniciará formalmente el análisis de “La Camarita”, un desprendimiento del expediente central que investiga la presunta cartelización de la obra pública vial entre 2003 y 2015. Allí están acusados 51 empresarios por cohecho activo, entre ellos Carlos Wagner, Angelo Calcaterra, Hugo Dragonetti, Aldo Roggio y José Cartellone.
Las declaraciones de los “arrepentidos” José López, Wagner y Ernesto Clarens fueron consideradas decisivas por la fiscalía, que sostiene que el sistema operaba mediante “acuerdos previos entre empresas”, fijando ganadores de licitaciones, sobreprecios y retornos del 3% al 5% destinados a funcionarios de Planificación y de Vialidad Nacional.
En paralelo, el tribunal debe resolver cuestiones organizativas centrales: si habilitará la feria judicial de verano para continuar las audiencias y si aceptará la mudanza al Auditorio AMIA de Comodoro Py, una sala con capacidad para casi 200 personas cuya disponibilidad fue ofrecida por la Cámara de Casación desde el 10 de diciembre.
De cara a 2025, las indagatorias marcarán el primer tramo de plena presencialidad del juicio, aunque aún no está definido si el TOF 7 mantendrá un esquema mixto o si adoptará definitivamente las audiencias presenciales, como reclama la fiscalía.