Pablo Atchabahian se encontraba con arresto domiciliario y era el único detenido en la causa. Según la Cámara porteña, no hay riesgos de que continúe el proceso en libertad.
Pablo Atchabahian, exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)
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Gentileza En el marco de la investigación de supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la Cámara Federal porteña ordenó la liberación del médico Pablo Atchabahian y dispuso el cese del arresto domiciliario en Mendoza al descartar la existencia de motivos que justifiquen esa medida.
La decisión fue de los magistrados Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, tras el arresto domiciliario que había impuesto el juez del caso, Sebastián Casanello.
El médico urólogo estaba con prisión domiciliaria en su vivienda en Mendoza y ahora quedará en libertad. “La medida adoptada sólo respecto de Atchabahian dejó de ser proporcional, y otras restricciones menos lesivas y similares a las adoptadas respecto de los restantes imputados se presentan suficientes para garantizar el regular curso de este proceso”, concluyó el Tribunal de Apelaciones.
La Cámara Federal decidió levantar la prisión domiciliaria del médico urólogo Carlos Atchabahian, tras revisar los argumentos presentados por su defensa y concluir que ya no estaban dadas las condiciones para mantener la medida. La resolución se conoció después de la audiencia de la semana pasada, en la que su abogado, Mariano Fragueiro Frías, cuestionó la decisión original y negó la existencia de riesgos procesales.
En su fallo, el Tribunal recordó que la defensa había subrayado que la supuesta “falta de comparecencia” del imputado no podía ser considerada un indicio para detenerlo, dado que Atchabahian nunca había sido citado ni requerido durante esa etapa del expediente. También señaló que las interpretaciones sobre las escuchas telefónicas estaban “tergiversadas”, según planteó el letrado.
Los jueces evaluaron las constancias del caso y concluyeron que no era posible sostener la decisión que disponía su detención domiciliaria. Indicaron que, salvo el riesgo abstracto derivado de la alta pena que podría enfrentar por ser considerado presunto jefe de una asociación ilícita, el resto de los argumentos utilizados para afirmar que existían peligros procesales carecían actualmente de sustento.
El Tribunal de Apelaciones explicó que la presunta falta de arraigo y la posibilidad de que permaneciera oculto —fundamentadas en intentos fallidos de ubicarlo y en verificaciones de domicilio negativas— se produjeron en una etapa “inicial” de la investigación, cuando aún no existía un llamado formal para que Atchabahian compareciera.
Además, la Cámara cuestionó que no se explicara por qué sólo en su caso habría riesgo de entorpecimiento de la causa, ni de qué manera la prisión domiciliaria evitaría esa supuesta amenaza, algo que incluso el propio Ministerio Público Fiscal no pudo definir con precisión.
Frente a ese panorama, los camaristas consideraron que la medida restrictiva aplicada únicamente a Atchabahian había dejado de ser proporcional y que existían otras alternativas menos gravosas, similares a las impuestas al resto de los imputados, que permitían garantizar el normal avance del proceso. En consecuencia, ordenaron el cese de la prisión domiciliaria y dispusieron que el médico recupere la libertad, sujeta a nuevas condiciones que se fijarán de inmediato.
Atchabahian fue detenido el 14 de noviembre, luego de presentarse ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, ocasión en la que decidió no declarar. Aquel mismo día quedó bajo arresto domiciliario en su vivienda de Luján de Cuyo, Mendoza.
Durante la audiencia ante la Cámara, su abogado defendió la conducta del médico, argumentando que siempre permaneció en su domicilio y que nunca existió riesgo de fuga. “Él necesita defenderse, no va a profugarse. Quiere declarar y explicar lo que tenga que explicar”, sostuvo Fragueiro Frías.
El urólogo, quien se desempeñó como funcionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en 2018, está señalado por el fiscal Picardi como una pieza clave en una presunta estructura que habría intervenido en decisiones administrativas, contrataciones y pagos direccionados desde fuera del organismo.
La fiscalía sostiene que Atchabahian, sin ocupar ningún cargo formal, habría dado ordenes directas cuando Diego Spagnuolo fue designado en la agencia en 2024.