La Cámara Federal porteña solicitó al juez Casanello despejar dudas sobre la autenticidad de los audios que impulsaron la causa por presuntas coimas en la agencia de discapacidad.
Diego Spagnuolo
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Gentileza La Cámara Federal porteña le ordenó al juez Sebastián Casanello adoptar todas las medidas necesarias para despejar las dudas sobre el origen y la autenticidad de los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en los que se describe presuntamente un sistema de cobro de coimas dentro del organismo.
La resolución no implica un cierre ni una validación definitiva del expediente, sino que obliga a que la investigación continúe mientras se determina cómo se generaron las grabaciones que dieron origen a la pesquisa.
El fallo de la Cámara respondió a un planteo presentado por la familia Kovalivker, propietaria de la droguería Suizo Argentina, y por el propio Spagnuolo. Ambos sostienen que los audios carecen de validez y solicitaron que se declare la nulidad de todo lo actuado.
Los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico, que conformaron la mayoría, remarcaron que Casanello debe no solo investigar el origen y la veracidad de las grabaciones, sino también identificar qué otros elementos sostienen la causa más allá de los audios.
“Existen solo dos caminos posibles no excluyentes: procurar establecer su origen y veracidad y exponer, entre tanto, qué otros elementos abonaron la actividad jurisdiccional desarrollada si, como alegó la fiscalía, se ha omitido su utilización”, expresaron en su voto. Los magistrados dispusieron que el juez “adopte todo lo necesario para despejar los interrogantes vigentes” antes de volver a pronunciarse.
En disidencia, el camarista Eduardo Farah sostuvo que el fallo de Casanello debía mantenerse. Afirmó que no existen “evidencias concretas” que justifiquen anular las grabaciones, las cuales —según su voto— “dan cuenta de presuntos actos de corrupción pública”. Además, señaló que la investigación no se apoya exclusivamente en esos audios.
Antes de la resolución de la Cámara, el fiscal federal Federico Picardi había emitido un dictamen de más de 270 páginas solicitando la indagatoria de 15 personas involucradas en la causa. Dichas indagatorias ya están en curso.
En su presentación, Picardi se apoyó principalmente en pruebas obtenidas en allanamientos e intervenciones telefónicas, evitando basar su dictamen en los audios cuestionados, que mencionó solo de manera tangencial.
El pedido de nulidad fue impulsado desde los primeros días de la causa por Martín Magram, abogado de la familia Kovalivker. Luego se sumó Spagnuolo, inicialmente representado por la defensora oficial Florencia Plazas.
En las últimas semanas, el actual abogado del exfuncionario, Mauricio D’Alessandro, incorporó al expediente una pericia privada realizada en España, la cual concluyó —entre otros puntos— que en las grabaciones “se detectaron trazas que acreditan la presencia de voz sintética generada mediante algoritmos de inteligencia artificial, con una estimación de probabilidad del 65%”.
Lo que viene
La causa seguirá su curso mientras Casanello cumple con la orden de la Cámara: determinar el origen y la autenticidad de los audios y precisar qué otras pruebas sostienen la investigación. Solo después de completar esos pasos podrá emitir un nuevo pronunciamiento sobre la validez de lo actuado.
