La causa judicial conocida como de los Cuadernos de las Coimas continúa generando impacto a medida que transcurren sus capítulos. Se trata del juicio que expone el mayor caso de corrupción en la función pública en nuestro país.
Los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazaron unánimemente un pedido de las defensas de empresarios involucrados en la trama de corrupción, que argumentaron que los aportes efectuados al kirchnerismo no fueron por sobornos sino por el pago de contribuciones de campaña, es decir, con fines electorales.
Los tres miembros actuales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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La causa judicial conocida como de los Cuadernos de las Coimas continúa generando impacto a medida que transcurren sus capítulos. Se trata del juicio que expone el mayor caso de corrupción en la función pública en nuestro país.
La envergadura del proceso hace que hasta los miembros de la Corte Suprema de la Nación se mantengan atentos al desarrollo de las audiencias no sólo por el contenido de las mismas sino, también, por planteos que surgen en la actual instancia.
Es así como en estos días los integrantes del máximo tribunal del país rechazaron unánimemente un pedido de las defensas de empresarios involucrados en la trama de corrupción, que argumentaron que los aportes efectuados al kirchnerismo no fueron por sobornos sino por el pago de contribuciones de campaña, es decir, con fines electorales.
En una causa con mucha gravitación de la figura del arrepentido, la Corte Suprema desestimó rápidamente, como corresponde en pleno juicio, dichos planteos por considerar en primer lugar que no existía una sentencia definitiva que habilitara su intervención, lo que determina claramente que la investigación continuará bajo la órbita de la justicia federal. Las defensas de los implicados buscaban, con el argumento señalado, una puerta de entrada a la jurisdicción judicial electoral.
La Corte, debe recordarse, ya tuvo una reciente y determinante participación en el caso cuando, junto con la Cámara de Casación, expresó su intención de que el juicio se tramite más rápidamente. Esto fue a raíz de las quejas que generó la modalidad impuesta de audiencias remotas, no presenciales, con el argumento de la falta de capacidad en las salas del Poder Judicial para albergar a la gran cantidad de testigos y demás involucrados en el proceso.
Los jueces supremos consideraron en ese momento que una causa de semejante importancia no puede tener una duración de tres años, como mínimo, como se estimaba al momento de la iniciación del proceso sólo con la modalidad virtual. Por ello, de ahora en adelante el tribunal a cargo deberá disponer de los mecanismos válidos para, al menos, lograr que las audiencias alternen las modalidades presencial y virtual.
Finalmente, a partir del argumento de que los ilícitos eran en realidad aportes para campañas electorales, queda la duda, por qué no, de cuántos supuestos aportes efectuados a través de los años al ámbito político y partidario, con la esgrimida finalidad de ayuda ante gastos de un proceso electoral tuvieron ciertamente ese destino.
Nunca habría que descartar que dicha modalidad haya sido implementada en anteriores oportunidades, escapando de los controles legales y tributarios correspondientes, en un ambiente de degradación de la actividad política que mucho ha perjudicado durante décadas al grueso de la ciudadanía argentina.
Es por ello que resulta fundamental que este juicio en desarrollo obre como línea divisoria que deje atrás modalidades totalmente alejadas de la moral republicana.