La Justicia federal dio permiso al pedido de la fiscalía, y las indagatorias se realizarán entre fines de abril y de mayo. Diego Spagnuolo, extitular de Discapacidad, ya fue indagado y procesado.
Ex titular de la Agencia de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.
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Infobae La Justicia federal avanzó en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y confirmó el llamado a indagatoria de 29 personas, entre ellas el extitular del organismo, Diego Spagnuolo -quien ya se encuentra procesado-.
La medida fue dispuesta por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, en línea con lo solicitado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, y representa un nuevo paso en una investigación que apunta a un entramado con fuerte impacto sobre fondos públicos.
Las indagatorias se desarrollarán entre el 28 de abril y el 26 de mayo, según confirmaron fuentes judiciales.
La lista incluye la ampliación de las declaraciones de cinco personas procesadas en la causa, como Spagnuolo; el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud Daniel María Garbellini y Miguel Ángel Calvete, presunto lobbista de los directivos de laboratorios y droguerías.
“La organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público”, sostuvo el juez Ariel Lijo, en línea con lo que planteó el Ministerio Público Fiscal.
Además, el Juzgado decretó la inhibición general de bienes para las personas y empresas involucradas: “Las hipótesis delictivas investigadas en autos asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos —y por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado—“, sostuvo el magistrado.
La causa busca esclarecer el entramado de corrupción que involucra a más de 20 empresarios que habrían formado parte de esa estructura. Spagnuolo ya fue procesado en la causa por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.
Las maniobras implicaron salidas de dinero por más de $75.000 millones provenientes del erario público que tuvieron como destino los bolsillos de un reducido grupo empresarial.