El fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, pidió revocar el procesamiento del expresidente Alberto Fernández. Se trata del caso Seguros. El pedido surgió este martes, ya que para el fiscal hay falta de mérito.
Los jueces resolverán cuando terminen las audiencias que se fijaron para los restantes procesados.
El fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, pidió revocar el procesamiento del expresidente Alberto Fernández. Se trata del caso Seguros. El pedido surgió este martes, ya que para el fiscal hay falta de mérito.
El planteo se hizo en una audiencia ante la Cámara Federal, que contó con la presencia de Fernández y su abogada Mariana Barbitta. El fiscal ante esa instancia sostuvo que debe revocarse el procesamiento para profundizar la investigación con más medidas de prueba, en lo referido al rol del exmandatario en la maniobra investigada.
Los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico resolverán cuando terminen las audiencias que se fijaron para los restantes procesados. Por otra parte, Fernández y su defensora pidieron la nulidad del procesamiento por violación al derecho a defensa.
Cabe recordar que, en julio, la Corte Suprema rechazó la presentación del expresidente que impulsaba la recusación del juez Julián Ercolini en la causa. Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó el recurso de la defensa de Fernández por “no dirigirse contra una sentencia definitiva”. Así lo había informado el máximo tribunal en un comunicado.
En rigor, Ercolini ya no está al frente de la causa porque subrogaba el Juzgado Federal 11, cuyo último titular fue el fallecido Claudio Bonadio. Desde febrero ese tribunal está a cargo del juez Sebastián Casanello. Sin embargo, la defensa de Alberto Fernández apuntaba a conseguir la recusación de Ercolini en miras a cuestionar lo sucedido en la causa.
En mayo de 2024, el Fernández había pedido apartar a Ercolini por temor de parcialidad. Además habló de una “venganza disfrazada de causa penal”. El juez rechazó el pedido, desmintió que alguna vez hubiera sido amigos y rechazó también tener una supuesta enemistad en su contra.
Luego, el expresidente pidió ir personalmente a la audiencia ante la Cámara Federal, donde insistió en sus argumentos. También aseguró que tiempo atrás habían sido amigos, pero ese vínculo, dijo, se rompió cuando el magistrado avanzó con algunas causas contra el kirchnerismo.
Acto seguido, el planteo fue rechazado por el juez federal Roberto Boico, en la Cámara Federal porteña, y también por la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma del juez Gustavo Hornos. La abogada Barbitta buscó llegar en queja a la Corte Suprema, pero ahora el máximo tribunal dejó firme esa decisión.
En ese marco, Casanello procesó a Fernández por el delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”, que castiga con una pena de hasta seis años. Para el juez está claro que Fernández intervino, como presidente, para favorecer los negocios del broker de seguros Héctor Martínez Sosa, una persona “de su círculo íntimo” para quien había trabajado como asesor antes de ser jefe de Estado.
Según Casanello, Fernández se involucró en el “plan de expansión de los negocios” del grupo de Martínez Sosa con el Estado.