Un documento detalla el asesoramiento "ad honorem" del empresario estadounidense al Gobierno, mientras la Justicia investiga transferencias millonarias.
El “empresario” estadounidense Hayden Davis junto a Javier Milei
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Twitter Hayden Mark Davis En las últimas horas salió a la luz un acuerdo que data del 29 de enero de 2025, firmado por el presidente Javier Milei y el empresario cripto Hayden Davis que establecía un marco de colaboración para implementar tecnologías de vanguardia en el Estado argentino.
El documento, que salió a la luz tras un año de investigación periodística tras el caso $LIBRA, revela que Davis se comprometió a brindar asesoramiento gratuito en blockchain e inteligencia artificial, con el supuesto fin de modernizar la administración pública mediante contratos inteligentes y la digitalización de documentos oficiales.
El pacto se gestó durante una visita relámpago de Davis a Buenos Aires, que duró apenas 38 horas y culminó con una reunión en la Casa Rosada el 30 de enero. En dicho encuentro, gestionado por el lobbista Mauricio Novelli, también participó Manuel Terrones Godoy.
Aunque el acuerdo estipulaba servicios sin remuneración, el contexto financiero que lo rodea ha despertado alertas en la fiscalía y el Congreso: ese mismo día, dos billeteras digitales vinculadas a Davis transfirieron más de un millón de dólares en USDC a un jubilado de 75 años, quien actuó como intermediario para derivar los fondos a una presunta "cueva cripto".
La firma del acuerdo precedió por escasos quince días el lanzamiento de $LIBRA, una criptomoneda que fue inicialmente impulsada por un tuit del presidente Milei.
Tras el respaldo público del mandatario, el valor del token se disparó de 0,3 a casi 5 dólares, para luego desplomarse en menos de una hora, dejando a miles de inversores damnificados. Ante la creciente sospecha de una estafa, Milei borró la publicación y alegó desconocer los detalles del proyecto.
Sin embargo, el documento firmado —redactado en español, idioma que Davis apenas domina— deja abierta la posibilidad de futuras negociaciones y detalla programas de capacitación para funcionarios públicos en descentralización.
Actualmente, la fiscalía de Eduardo Taiano investiga si estos acuerdos paralelos y los movimientos de capitales constituyen delitos financieros, mientras que una Comisión del Congreso detectó transferencias que coinciden con pagos mensuales a personas cercanas al proyecto $LIBRA.
El caso pone bajo la lupa la transparencia en la adopción de tecnologías digitales por parte del Ejecutivo y la estrecha relación con figuras del ecosistema de las memecoins.