Claudio Villamide fue condenado a tres años de prisión en suspenso. La Justicia federal de Santa Cruz además absolvió otros tres imputados.
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A casi nueve años del hundimiento del ARA San Juan, la Justicia dictó este miércoles el primer fallo del juicio oral por la tragedia que provocó la muerte de sus 44 tripulantes. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz condenó al excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide a tres años de prisión en suspenso, mientras que absolvió a los otros tres acusados.
Los jueces también declararon inocentes a Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Correa.
La sentencia fue leída durante una audiencia realizada en Río Gallegos, donde previamente los imputados realizaron sus últimas palabras ante el tribunal e insistieron en su inocencia.
El juicio oral comenzó el 3 de marzo y se desarrolló a lo largo de más de 30 audiencias, en las que declararon peritos técnicos, ingenieros navales, excomandantes, submarinistas y autoridades de la Armada que integraban la cúpula militar en 2017.
Durante el debate se analizaron documentos reservados sobre el estado del submarino, las reparaciones pendientes antes de su última misión y los mensajes de emergencia enviados por la tripulación antes de perderse el contacto en el Atlántico Sur.
Uno de los principales objetivos del proceso fue determinar si existieron responsabilidades dentro de la cadena de mandos por las condiciones de mantenimiento de la embarcación, las advertencias técnicas y las decisiones operativas adoptadas durante la última navegación.
Los peritajes realizados tras el hallazgo del submarino, encontrado a casi 900 metros de profundidad en el Atlántico Sur, concluyeron que el ARA San Juan sufrió una implosión producto de la enorme presión del agua tras perder su capacidad de mantenerse a flote.
La investigación técnica estableció como una de las principales hipótesis el ingreso de agua de mar por el sistema de ventilación durante la navegación en inmersión, lo que habría provocado un cortocircuito y un principio de incendio en el compartimiento de baterías de proa. Esa situación fue reportada por la tripulación antes de la pérdida definitiva de comunicación.
A partir de allí, los especialistas sostienen que se desencadenó una secuencia de fallas que derivó en una emergencia irreversible.
Desde el inicio de la causa, los familiares de los 44 tripulantes sostuvieron que el hundimiento pudo haberse evitado y reclamaron que la Justicia estableciera las responsabilidades de quienes autorizaron la misión del submarino pese a las deficiencias detectadas.
En paralelo al expediente principal, también se investigó un presunto caso de espionaje ilegal contra los familiares durante el gobierno de Mauricio Macri, por tareas de seguimiento e inteligencia realizadas durante las movilizaciones para exigir avances en la búsqueda del submarino. Esa investigación derivó en procesamientos de exfuncionarios y agentes de inteligencia, pero posteriormente varios de los principales imputados fueron sobreseídos por decisión judicial.
