Fiscalía de Estado emitió compulsas a la Oficina de Ética Pública y el Tribunal de Cuentas para que analicen el procedimiento.
Foto:
El fiscal de Estado, Fernando Simón, aprobó con observaciones el trámite de contratación directa que llevó adelante el Gobierno provincial para adquirir 4 millones de raciones alimentarias, con un presupuesto de $56.400.000, y remitió compulsas a la Oficina de Ética Pública y el Tribunal de Cuentas para que revisen el procedimiento.
Los órganos de control rápidamente comenzaron a analizar el procedimiento. Desde Ética Pública informaron a Los Andes que el dictamen ingresó el miércoles pasado y está siendo estudiado por el equipo de Investigaciones Administrativas.
"Primero se analiza si se es competente para involucrarse y a partir de ahí se procede al tema de fondo", aclararon desde el entorno del auditor general Gabriel Balsells Miró.
Mientras que en el Tribunal de Cuentas, órgano que preside Néstor Parés, recibieron el compulsa y lo está tratando Secretaría Relatora para emitir un dictamen, que luego será evaluado por el conjunto del tribunal, es decir por el presidente y los cinco vocales.
Según pudo saber este diario, en el TdC sorprendió el envío por parte de la Fiscalía de Estado, dado que la contratación directa fue aprobada de todos modos.
El sentido de la medida del fiscal de Estado no es suspender la contratación, ya que ninguno de los órganos tiene esa potestad, sino detectar posibles irregularidades en el trámite para sancionar a los responsables.
En tanto el Ministerio de Seguridad y Justicia, a cargo de Mercedes Rus, avanzará en la contratación directa con la empresa que presentó mejor oferta.
El pasado 14 de febrero el Gobierno declaró como fracasada la licitación pública que tuvo como único oferente a la empresa Bio Limp Soluciones de Calidad SApor no presentar la debida "garantía de oferta".
A través del Decreto 223, se decidió también avanzar en un proceso de "contratación directa" y en este procedimiento apareció la empresa Clisa Interior S.A, que tiene actualmente la adjudicación de la provisión de alimentos en las cárceles.
Compitieron entonces, Clisa con una oferta de $54.246 millones y Bio Limp SA insistió por esta vía con otra de $59.552 millones. Por tratarse de una oferta más barata, el Gobierno optó por Clisa y en breve será confirmada la contratación a través del Boletín Oficial, pudo saber Los Andes.
En tanto, el dictamen de Fiscalía de Estado advirtió que no fueron consultados en la licitación original que fracasó, lo cual consiste en una grave omisión.
"Es de vital importancia advertir que ésta resulta la primera intervención de este Organismo de Control en relación a las cuestiones de fondo, siendo relevante destacar que, de haberse dado oportuna remisión al mismo podrían haberse observado desde aspectos de esencial y necesaria inclusión dentro de los pliegos licitatorios que han regido el presente procedimiento de contratación, a omisiones de valoración incurridas en el Acta de Preadjudicación", afirmó el documento.
Y remarcaron que "no existe duda de la obligación de remisión previa" en la licitación."Debe agregarse que la función de control y los supuestos en que la F.E. debe ejercerla, no puede nunca resultar de una decisión o valoración discrecional del controlado, lo que tornaría ilusorio el mismo", sostuvo el dictamen de Fiscalía.
Fiscalía de Estado consideró de todas maneras que la empresa Bio Limp no presentó una oferta conveniente y por lo tanto, avaló la contratación directa de la oferta mejorada de Clisa.
"Si bien la causal de rechazo de la oferta de BIO LIMP en la licitación pública, que culminó con la emisión del Decreto N°223/25 en el cual se declaró inadmisible la misma, en virtud de que haberse considerado erróneamente incumplido el recaudo insubsanable de presentación de la garantía de oferta, por lo que aquel acto administrativo poseía vicios que eran susceptibles de afectar su validez (en tanto la misma estaba debidamente conformada y adjuntada en la propuesta), el incumplimiento de otros requisitos de esa naturaleza (insubsanables) hubiera conducido a resolver de igual forma el mencionado procedimiento (rechazo de la oferta por ser inadmisible) no correspondiendo declarar la nulidad por la nulidad misma", admitió el fiscal Simón.
Y completó: "En esa inteligencia, se habilita válidamente (tal como se ha materializado en el presente caso), un procedimiento de contratación directa con fundamento en el art. 144 inc. b) de la Ley N°8.706 en el cual se observa asimismo debidamente protegido el interés fiscal y patrimonio estatal por las ventajas económicas que la adjudicación en el sentido propuesto (a la oferta mejorada de CLISA), representan para la provincia (las cuales han sido resaltadas por la Comisión de Preadjudicación en el acta pertinente, al estar dentro del presupuesto oficial y representan un ahorro), entendiendo en consecuencia que el recurso de revocatoria debe ser admitido en lo formal y rechazado en lo sustancial".
