La denuncia fue realizada por la diputada Marcela Pagano, que pidió investigar posibles delitos contra la administración pública. Se lo acusa de fraude contra la administración pública y enriquecimiento ilícito, entre otros.
Manuel Adorni fue denunciado penalmente por Marcela Pagano
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Una denuncia penal fue hecha contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni por presuntas irregularidades en contrataciones públicas y en el proceso de concesión de Tecnópolis. La iniciativa judicial fue impulsada por la diputada Marcela Pagano, quien pidió investigar posibles delitos contra la administración pública.
La presentación pone el foco en licitaciones vinculadas a servicios de mensajería masiva y en el proceso de concesión del predio estatal durante el período 2025-2026. Según la denuncia, existirían maniobras que podrían haber afectado la transparencia en ambos casos.
Según surge del escrito, una licitación impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios habría adjudicado a la empresa ATX S.A. un contrato por más de $3.650 millones para el envío de SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas.
En ese proceso, se advierten posibles vínculos societarios entre las firmas participantes como ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L., lo que podría afectar los principios de competencia y transparencia en la contratación pública.
La denuncia también señala variaciones de precios en licitaciones similares y la reiterada participación de empresas relacionadas, lo que, de confirmarse, podría configurar una “simulación de competencia” en perjuicio del Estado.
Por otra parte, el escrito pone el foco en un presunto conflicto de interés en la concesión del predio de Tecnópolis, un proceso estimado en más de $183.300 millones y gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete.
En ese marco, se menciona la relación entre la consultora +Be, propiedad de Bettina Julieta Angeletti -esposa de Adorni-, y empresas como Grupo Foggia, vinculada a una de las firmas preseleccionadas para la concesión junto a DirecTV Argentina.
Asimismo, se detallan conexiones comerciales con otras compañías que mantienen contratos con el Estado, lo que, según la presentación, podría configurar un entramado de relaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
De acuerdo con el documento, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, los hechos podrían encuadrarse en delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
Finalmente, la denunciante solicitó la apertura de una investigación penal y la producción de medidas de prueba para determinar responsabilidades de los funcionarios y empresarios involucrados.