El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados y plantea una optimización del sistema junto con una reorganización. Se eliminarán 41 cargos jerárquicos en la Penitenciaría.
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El Gobierno Provincial presentó un proyecto de ley que apunta reformar el Servicio Penitenciario, con una reducción del 20% de su personal jerárquico, pero acompañado de un incremento de los salarios de quienes ostenten dichos puestos. Además, se prevé un reordenamiento de las propias direcciones, funciones y responsabilidad de sus empleados.
La iniciativa ingresó el viernes pasado a la Cámara de Diputados, y se espera que se le otorgue en primer lugar estado parlamentario, para luego ser trabajado por el cuerpo en comisiones.
En total, la planta del Servicio Penitenciario Provincial cuenta con 2.922 empleados, de los cuales un porcentaje se desempeña como administrativo, y allí también están los penitenciarios y los puestos jerárquicos.
Por ejemplo, 298 penitenciarios se desempeñan en la cárcel de Boulogne sur Mer; 314 en San Felipe; 378 en Almafuerte; 216 en la de San Rafael; y 315 en Almafuerte II, entre otros.
La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, adelantó a Los Andes que con la nueva reorganización prevista en el proyecto, se eliminarán 41 puestos jerárquicos de la Penitenciaría, lo que corresponderá a un ahorro de dinero que es el que se utilizará también para mejorar los salarios de los actuales jefes.
Remarcó además que "no habrá despidos", y que aquellos que ostentaban puestos directivos serán "relocalizados" en las mismas u otras dependencias.
Esta reforma está relacionada con la ley orgánica del Servicio Penitenciario, en la cual "faltaba reacomodar con un proyecto que tuviera en cuenta los cargos y el recurso humano", y marcó que, aún con los Organismos Técnico-Criminológicos (OTC) más Almafuerte II, se verá una reducción en los cargos jerárquicos.
"Teníamos un universo altísimo de jerárquicos, por lo que hemos creado puestos importantes (como direcciones principales y regionales) pero con la eliminación de otras categorías". Por ejemplo, marcó que cada un director regional, se eliminan entre cinco y 10 direcciones de diversas penitenciarías.
"Evitamos grandes estructuras, pero con un sistema más eficiente de control y operación y con mejores sueldos", aseguró.
En las justificaciones del proyecto, se habla de una "optimización" de la estructura organizativa del sistema, con la que se intentará "mejorar el ambiente laboral y motivar al personal", así como también entienden que permitirá "una mayor eficiencia en el cumplimiento de sus funciones, asegurando una adecuada observancia de los derechos humanos y, al mismo tiempo, contribuyendo de manera efectiva a la seguridad pública".
Para el Poder Ejecutivo, el proyecto "refleja un avance significativo en la gestión del Sistema Penitenciario de la provincia" con una nueva distribución de responsabilidades mayores.
Se destaca de igual forma que esta nueva estructura organizativa del sistema se realizará "sin generar costos adicionales", y marcaron que el rediseño implementado, de hecho, "permite un ahorro financiero, logrando una asignación más eficiente de los recursos".
"Este proyecto no representa una carga presupuestaria adicional para la Provincia, sino que optimiza los recursos humanos y financieros existentes. Además, con menos cargos y mayor claridad en las responsabilidades, se busca fortalecer la motivación del personal y garantizar una gestión basada en la eficiencia y en el respeto de los Derechos Humanos, contribuyendo de manera positiva a la seguridad pública", agregaron.
Esta reducción del 20% de los cargos "no comprometerá la calidad del servicio ni los derechos de las personas privadas de libertad", acotaron, e insistieron en que se podrá llegar a un sistema "más ágil, efectivo y profesional".
En tanto, Rus puso valor en el sist penitenciario, al sostener que "es muy importante para el sistema de seguridad, ya que si no tenemos un sistema penitenciario óptimo, no podríamos contener la producción de seguridad", en referencia a aprehensiones por parte de la Policía.
Para la Ministra, el sistema "debe ser eficiente y robusto, para poder contener todo el sistema represivo del delito" que se lleva adelante día a día.
Entre las reformas, está la del artículo 183 bis de la ley 7493 (del Servicio Penitenciario Mendoza), que establece el régimen de remuneraciones.
En el mismo, se plantea una nueva escala de adicionales salariales para los penitenciarios "que ostenten el grado de oficial jefe u oficial superior de cualquier escalafón, y al personal penitenciario designado como Encargado General del Servicio, que cumplan en forma normal, habitual y permanente, funciones de conducción", conforme a la escala porcentual sobre la asignación de clase del cargo de jefe de Policía, que son los siguiente.
Estos adicionales, que serán excepcionales "se podrán abonar al personal penitenciario que ostente grado de oficial jefe u oficial superior de cualquier escalafón, y que cumpla funciones orgánicas conductivas o de supervisión en las áreas dependientes del Ministerio de Seguridad"
Por otro lado, el artículo 2 sustituye el artículo 211 de la ley, que trata sobre las asignaciones especiales y convocatorias, cuya reforma establece que el personal convocado "percibirá, además del haber de retiro pertinente, la mitad de la asignación de clase perteneciente al grado que ostentaba al momento del retiro y la totalidad de los adicionales y suplementos de prestación efectiva correspondientes al personal en actividad y/o a la función de conducción que se le asigne".