El municipio restableció los controles de velocidad sobre las rutas 7 y 50 tras casi dos años de conflicto institucional. La medida reabre un debate que en Mendoza lleva más de una década entre quienes defienden las fotomultas como herramienta de seguridad vial y quienes las consideran un mecanismo principalmente recaudatorio.
Fotomultas en Mendoza.
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Las fotomultas volverán a funcionar en Santa Rosa. La decisión fue formalizada mediante un decreto firmado el 5 de junio por la intendenta Flor Destéfanis, que dejó sin efecto la suspensión vigente desde 2024 y restableció el sistema de control electrónico de velocidad sobre la Ruta Nacional 7 y la Ruta Provincial 50.
Con la medida, la comuna recupera la vigencia del contrato que permite a la empresa adjudicataria retomar la fiscalización tecnológica del tránsito en dos de los corredores viales más transitados del Este mendocino. Según el Ejecutivo, el objetivo principal es reforzar la seguridad vial y reducir los riesgos asociados al exceso de velocidad.
Sin embargo, el regreso de los radares también revive una de las discusiones más controvertidas de los últimos años en Mendoza.
Las fotomultas comenzaron a aplicarse en Santa Rosa durante 2024, pero pocos meses después quedaron envueltas en una fuerte disputa política y judicial.
En agosto de ese año, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza para suspender el sistema, argumentando presuntas irregularidades administrativas en la contratación y puesta en marcha del servicio. La medida fue impulsada por sectores opositores a la gestión municipal y abrió un enfrentamiento institucional con el Ejecutivo.
La intendenta cuestionó aquella decisión y defendió la legalidad del proceso. El conflicto escaló hasta la Justicia y derivó en una medida de no innovar que mantuvo paralizada la aplicación de las multas durante más de un año. Incluso, la Suprema Corte provincial mantuvo en suspenso el funcionamiento de los radares mientras se analizaban los planteos cruzados entre el municipio y el cuerpo deliberativo.
Ahora, con la derogación de las ordenanzas que habían frenado el sistema, Santa Rosa busca dejar atrás ese capítulo y volver a poner en marcha los controles.
El debate sobre las fotomultas no nació en Santa Rosa. Mendoza acumula antecedentes que muestran cómo estos sistemas suelen generar controversias cada vez que se implementan.
Uno de los casos más conocidos fue el de San Martín, donde durante años las multas por radar sobre la Ruta 7 provocaron reclamos de automovilistas y cuestionamientos de dirigentes políticos que denunciaban fines meramente recaudatorios. De hecho, en 2015 el propio Concejo Deliberante de Santa Rosa aprobó una declaración repudiando las fotomultas aplicadas por San Martín y cuestionando la señalización de los controles.
Paradójicamente, años después el mismo departamento terminaría impulsando un sistema similar sobre las mismas rutas que atraviesan su territorio.
La polémica también alcanzó a organismos de control. En distintas etapas del proceso, surgieron cuestionamientos sobre autorizaciones, procedimientos administrativos y condiciones contractuales vinculadas al servicio de radares. Algunos informes incluso recomendaron revisar aspectos de la implementación antes de avanzar con su funcionamiento pleno.
Ese es, precisamente, el eje central de la discusión que vuelve a instalarse.
Para el municipio, los cinemómetros constituyen una herramienta indispensable para controlar el cumplimiento de los límites de velocidad, prevenir siniestros y proteger a quienes circulan por la zona. Además, sostienen que mantener suspendido el contrato exponía a la comuna a posibles reclamos económicos por parte de la empresa contratista.
Los sectores críticos, en cambio, plantean que estos mecanismos suelen terminar funcionando como sistemas de recaudación más que como instrumentos de prevención, especialmente cuando se ubican sobre rutas de alto tránsito interprovincial. Esa discusión acompaña prácticamente todas las experiencias de fotomultas implementadas en el país.
Con la publicación del decreto y la derogación de las normas que mantenían suspendidos los controles, las fotomultas vuelven a estar plenamente habilitadas en la jurisdicción de Santa Rosa.
Esto significa que los conductores que circulen por la Ruta 7 y la Ruta 50 deberán prestar especial atención a los límites de velocidad, ya que los radares volverán a registrar infracciones dentro del departamento.
La medida marca el cierre de una disputa política que atravesó casi dos años, aunque difícilmente ponga fin al debate de fondo: si las fotomultas son una herramienta efectiva para salvar vidas o un sistema que sigue generando sospechas sobre su verdadero objetivo.