Las elecciones de octubre son un misterio: no hay candidatos y se desconoce qué categorías se votarán ¿Cuántas urnas habrá?
Las elecciones 2025 tienen muchos aspectos sin definición.
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Argentina.gob.ar Julio será un mes de definiciones para el gobernador Alfredo Cornejo en materia electoral. El mandatario deberá decidir, antes del 18, si unifica o desdobla las elecciones provinciales respecto de las nacionales. En paralelo, también definirá si concreta una alianza con La Libertad Avanza.
En medio de esta incertidumbre, los mendocinos todavía no saben cuándo deberán acudir a las urnas para elegir a sus representantes legislativos, tanto provinciales como municipales. Tampoco saben por qué candidatos votarán, si deberán hacerlo en una o dos urnas, ni qué partido o alianza recibirá su voto.
Lo que sí se sabe es que las elecciones nacionales serán el próximo 26 de octubre y que, por primera vez, se utilizará la boleta única a nivel nacional. A nivel provincial, este mecanismo ya se empleó en las elecciones generales de 2023 y volverá a utilizarse en las legislativas de 2025.
Esta semana, la Legislatura aprobó el proyecto que suspende las PASO provinciales para 2025 y 2026. La norma ya fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial. Esta medida brindó una primera certeza a los partidos, que ya comenzaron a definir cómo elegirán a sus candidatos.
Sin embargo, persiste la duda sobre si los comicios provinciales se celebrarán el 26 de octubre o si quedarán directamente para abril del año próximo, tal como lo establece el artículo 85 del Código Electoral. El misterio se despejará cuando Cornejo tome una decisión. El plazo límite es el 18 de julio.
En el oficialismo creen que “todos los caminos conducen a una unificación de las elecciones”, aunque admiten que “es un tema que cambia día a día”. El principal argumento es que tanto Cambia Mendoza como La Libertad Avanza comparten un electorado similar, y consideran que no tiene sentido someterlos a dos votaciones en el año.
Claro que la unificación con las elecciones nacionales dependerá de que haya un acuerdo político con el partido del presidente Javier Milei. Por el momento, si no hay cambios, los mendocinos votarían a sus senadores y diputados provinciales en abril de 2026.
Los Concejos Deliberantes de los 18 departamentos de la provincia renovarán la mitad de sus bancas, por lo que esta elección resulta clave para los intendentes. Aunque algunos jefes comunales de Cambia Mendoza han mostrado su preocupación en privado, se acoplarían a la fecha que defina Cornejo.
La discusión se centra en los municipios opositores al Gobierno provincial, que tienen la potestad de desdoblar sus elecciones. Pero esa decisión implicaría un alto costo: más de 500 millones de pesos por comuna para organizar los comicios.
De optar por esta vía, municipios gobernados por el PJ como Maipú, Lavalle, Santa Rosa, La Paz, Tunuyán, San Rafael y Malargüe, además de otros como Luján de Cuyo, Rivadavia y San Carlos, podrían celebrar sus elecciones legislativas el 22 de febrero de 2026.
Como ocurre en cada año electoral, llega el momento en que los dirigentes con aspiraciones comienzan a mostrar su figura y los rumores de candidaturas dominan la agenda. Pero en este caso, la incertidumbre es tal que, a cuatro meses de las elecciones nacionales, los nombres aún escasean.
Las razones son varias: la indefinición de la fecha de los comicios, los procesos internos de los partidos para elegir a sus representantes y la falta de certezas sobre las alianzas entre espacios políticos.
“Es difícil hablar de nombres cuando recién acabamos de saber cómo vamos a elegir a nuestros candidatos”, señaló un dirigente peronista a Los Andes, luego de que la Justicia Electoral habilitara las elecciones internas y abiertas del Partido Justicialista.
Esta situación se explica a partir de la Acordada 37 de la Cámara Nacional Electoral, que obliga a los partidos a prever “mecanismos internos de selección de candidatos que se ajusten a los principios del método democrático”.
En este contexto, el PJ fue el único que optó por realizar internas abiertas con votación. En cambio, la UCR, el PRO, el Partido Demócrata y La Libertad Avanza definieron que serán sus respectivos órganos partidarios los que elijan a los candidatos, aunque con modalidades propias.
Una vez finalizadas esas instancias, len la mayoría de los casos, hacia mediados de agosto, la sociedad conocerá quiénes serán los postulantes para ocupar las cinco bancas que Mendoza renueva en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.
Otro aspecto por definir es cómo será el operativo electoral si se unifican las elecciones en Mendoza. La gran incógnita es si, al tener que elegir autoridades nacionales y provinciales el mismo día, los ciudadanos deberán hacerlo en una o en dos urnas.
Según confirmaron desde la Junta Electoral a Los Andes, si se concretara la unificación, “es muy probable” que haya dos urnas en cada mesa: una para los candidatos nacionales y otra para los provinciales. En caso de incluir también las elecciones municipales, esas listas se acoplarían a la boleta única provincial.
“Si se suman las elecciones legislativas municipales, las listas se incorporarán a la boleta única de la provincia. Todo esto está regulado por la Ley de Boleta Única nacional, que trajo orden en este sentido”, explicó un especialista en procesos electorales.
De concretarse esa modalidad, se utilizarían alrededor de 8.500 urnas en toda la provincia. En caso de elecciones desdobladas, serían cerca de 4.300. Desde la Junta Electoral sostienen que, en términos logísticos, “lo ideal” sería que el traslado y recepción de las urnas quede a cargo de la misma empresa: el Correo Argentino.
Durante el acto electoral, la competencia recaerá en la Justicia Electoral Nacional. Las autoridades serán la jueza federal subrogante Susana Pravata y, por el lado provincial, el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay.
Vale recordar que no sería la primera vez que Mendoza vote con doble urna. Ya ocurrió en 2005, cuando, además de elegir representantes legislativos, la ciudadanía votó una enmienda al artículo 151 de la Constitución provincial para eliminar la indexación salarial de los magistrados.
Aquella vez, en una urna se eligieron candidatos y en la otra se votó por el “Sí” o el “No” a la reforma constitucional. El “Sí” se impuso con amplitud.