La nueva Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental busca modernizar la estructura de control, con foco en industrias extractivas, residuos y economía circular.
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El Ministerio de Energía y Ambiente aprobó este jueves la nueva estructura organizativa de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, a cargo de Leonardo Fernández, con el objetivo de modernizar el esquema de control y adaptarlo a las actuales demandas en materia ambiental.
La medida se formalizó a través de la Resolución 15, publicada en el Boletín Oficial, y se enmarca en lo dispuesto por el Decreto Nº 698/2025, que había creado esta dirección como continuidad de la antigua Dirección de Protección Ambiental.
Según se detalla en la norma, el cambio apunta a actualizar una estructura con más de 30 años de antigüedad, incorporando un modelo de gestión más eficiente que integre áreas estratégicas como fiscalización, innovación, economía circular y un renovado cuerpo de inspectores.
En ese sentido, desde el Ejecutivo provincial señalaron que la reorganización busca optimizar los procesos de control y monitoreo, además de mejorar la capacidad de respuesta frente a los desafíos ambientales actuales, en un contexto de crecimiento de nuevas industrias y demandas tecnológicas.
La nueva estructura de la cartera que encabeza Jimena Latorre, establece tres coordinaciones principales que concentrarán las tareas operativas:
Cada una de estas áreas tendrá a su cargo la planificación, ejecución y control de proyectos, además de la supervisión de equipos y la gestión de recursos, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las políticas ambientales definidas por la provincia.
Entre las funciones centrales de la Dirección se destacan la fiscalización y monitoreo de actividades con impacto ambiental, la atención de denuncias, la emisión de permisos en sectores industriales y extractivos, y la promoción de la capacitación técnica y el desarrollo de proyectos sostenibles.
Además, el nuevo esquema busca fortalecer la articulación entre municipios y organismos provinciales, unificando criterios en temas como el uso del recurso hídrico, las industrias extractivas y la gestión de residuos.
Desde el Gobierno indicaron que la reorganización apunta a consolidar una gestión ambiental “moderna, técnica y eficiente”, alineada con políticas de reducción de emisiones, tratamiento de residuos y desarrollo sostenible en la provincia.