El Gobierno nacional definió un nuevo cambio en el Ministerio de Justicia: el abogado penalista Leonardo Szuchet asumirá en las próximas horas como subsecretario de Derechos Humanos, en reemplazo de Joaquín Mogaburu, quien dejará el cargo tras poco más de tres meses de gestión.
Según confirmaron fuentes oficiales a La Nación, la designación se concretará el próximo miércoles y forma parte de la reconfiguración interna impulsada por el nuevo ministro Juan Bautista Mahiques, quien busca consolidar un equipo propio en áreas clave.
Un cambio alineado a la nueva conducción
La salida de Mogaburu se da en el contexto del recambio en la cartera de Justicia y de las tensiones internas dentro del oficialismo. El funcionario saliente estaba vinculado a Sebastián Amerio, ex número dos del área durante la gestión de Mariano Cúneo Libarona.
En ese marco, Mahiques avanzó con la designación de una figura de su confianza para encabezar una subsecretaría considerada estratégica, en medio de la disputa política por el enfoque de la memoria histórica de los años setenta.
Trayectoria y antecedentes de Szuchet
Szuchet cuenta con experiencia previa en el área. Durante el gobierno de Mauricio Macri, trabajó junto a Claudio Avruj, entonces secretario de Derechos Humanos, donde se desempeñó como jefe de gabinete.
Además, ocupó cargos en la gestión porteña entre 2011 y 2015, con participación en la atención a víctimas en casos resonantes como la Tragedia de Once. Actualmente, se desempeña como vicepresidente del Consejo Argentino para el Desarrollo y los Derechos Humanos.
Continuidad en la política oficial
Más allá del cambio de nombres, en el Gobierno aseguran que no habrá modificaciones sustanciales en la política de derechos humanos, que continuará centrada en el concepto de “memoria completa”.
Esta postura mantiene tensiones con organismos históricos del sector y plantea una mirada que incluye el accionar de las Fuerzas Armadas durante el conflicto interno de los años setenta. La subsecretaría funciona en el predio de la ESMA, un sitio emblemático por haber sido uno de los principales centros clandestinos de detención durante la última dictadura.
En paralelo, persisten versiones sobre un posible traslado de la sede hacia el barrio porteño de San Telmo, aunque la decisión será revisada por la nueva conducción. Además, en el predio continúan obras de refacción y reorganización de espacios, en un contexto donde también se resguardan archivos vinculados a causas judiciales relevantes como el atentado a la AMIA.