30 de octubre de 2025 - 07:31

Atención estatales y bomberos voluntarios: el Gobierno renovó la cobertura de ART

El nuevo contrato, que regirá desde octubre, demandará una inversión de $93.769 millones y prevé un ahorro presupuestario anual superior a los $4.400 millones.

El Gobierno de Alfredo Cornejo aprobó este jueves la contratación directa de Provincia A.R.T. S.A. como aseguradora de riesgos del trabajo para el personal de la Administración Central, entes descentralizados y autárquicos, además de los integrantes de la Federación Mendocina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios.

La medida fue formalizada mediante el Decreto 2001, publicado en el Boletín Oficial. El mismo cuenta con las firmas del mandatario provincial y de los ministros Natalio Mema (Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial) y de Víctor Fayad (Hacienda y Finanzas).

El contrato regirá desde el 1 de octubre por un período de dos años, con la posibilidad de una prórroga automática de un año más. El monto total autorizado asciende a $93.769 millones, distribuidos entre los ejercicios 2025, 2026 y 2027.

Según el expediente administrativo, la nueva contratación se concretó tras el vencimiento del convenio anterior, firmado por Decreto 1881/24, y luego de solicitar cotizaciones a distintas aseguradoras.

La propuesta de Provincia A.R.T. S.A. resultó la más conveniente para la Provincia al ofrecer una alícuota del 2,45%, la más baja entre las presentadas, y una reducción de 20.000 días en concepto de Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) no reclamables.

El informe técnico de la Coordinación de ART destacó que la oferta implica una disminución del 9,93% en la alícuota vigente, que era del 2,72%, lo que permitirá un ahorro presupuestario anual estimado en $4.478 millones.

También se mantendrá el mecanismo por el cual el Gobierno abona las ILT por cuenta y orden de la aseguradora, sin afectar las prestaciones que reciben los trabajadores.

Entre los organismos adheridos al nuevo contrato figuran hospitales públicos de toda la provincia, la Dirección General de Escuelas, el Poder Judicial, el Instituto Provincial de la Vivienda, la Obra Social de Empleados Públicos y diversos entes descentralizados.

El decreto

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