El PJ Mendoza aplicó una durísima sanción contra los diez dirigentes que fueron candidatos del Frente Patria en las elecciones municipales pasadas.
La senadora Anabel Fernández Sagasti con dirigentes del kirchnerismo. A la derecha, Paloma Scalco, exconcejal de Luján de Cuyo que fue sancionada por el PJ Mendoza.
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Prensa La Cámpora La interna del PJ Mendoza, conducido por Emir Félix, y el sector del kirchnerismo que lidera Anabel Fernández Sagasti encontró su punto máximo de ebullición con la dura sanción que aplicó el Tribunal de Disciplina partidario contra diez dirigentes que fueron candidatos en las últimas elecciones municipales del 22 de febrero con el Frente Patria.
El tribunal resolvió aplicarles como sanción principal la inhabilitación para ser precandidatos y/o candidatos a cargos públicos electivos en representación del Partido Justicialista por un plazo de tres años, además de la inhibición para ocupar cargos partidarios durante el mismo período.
Los sancionados son excandidatos que supieron ocupar cargos electivos, como Paloma Scalco (exconcejal de Luján de Cuyo), Bruno Ceschín (exlegislador provincial) y Nadir Yassuf (exconcejal de San Rafael y excandidato a convencional de ese departamento).
El resto de los sancionados son Hipólito Martínez, Gisela Flores, Mariela Herrera, Facundo Martín, Sebastián Videla, Katherina Hidalgo y Daniel Mazurenco.
En la Resolución 02/2026, el órgano partidario consideró probado que los afiliados “aceptaron y asumieron voluntariamente la condición de candidatos” en listas de una fuerza “distinta y electoralmente enfrentada” al frente oficial del PJ mendocino, sin contar con la autorización previa del Congreso Provincial, requisito exigido por la Carta Orgánica.
El fallo sostiene que los dirigentes cuestionados no lograron desvirtuar la acusación. Según remarcó el Tribunal, en sus descargos “no efectuaron ofrecimiento de prueba alguna tendiente a desvirtuar las circunstancias denunciadas”, limitándose a planteos políticos y objeciones sobre la legitimidad del proceso disciplinario.
La resolución rechaza además todos los argumentos de la defensa. Frente a la acusación de parcialidad, el Tribunal sostuvo que las objeciones fueron “genéricas” y sin pruebas concretas.
También descartó la supuesta ilegitimidad del proceso interno de selección de candidaturas, al afirmar que el sistema fue aprobado por el Congreso partidario y contó con aval judicial, por lo que los denunciados “no pueden ahora pretender, por vía defensiva en un sumario disciplinario por hechos posteriores, lo que la propia Justicia ya rechazó”.
Respecto del planteo de persecución selectiva, el Tribunal aclaró que abrirá actuaciones de oficio contra cualquier otro afiliado que haya incurrido en conductas similares, para evitar cuestionamientos sobre discrecionalidad.
En uno de los tramos más duros, el fallo sostiene que la participación por fuera del PJ implicó “una adhesión efectiva a un proyecto político distinto, incompatible con la pertenencia partidaria”, y advirtió que esa conducta “contribuye a la dispersión del voto y a la atomización de la representación peronista”, afectando la estrategia política del conjunto.
Como sanción, el Tribunal dispuso la inhibición para ocupar cargos partidarios durante tres años y la inhabilitación por el mismo plazo para ser precandidatos o candidatos en representación del PJ o de las alianzas que integre.
Además, declaró operada de manera automática la pérdida de la antigüedad partidaria de todos los involucrados, tal como establece el artículo 71 de la Carta Orgánica.
Aunque los denunciantes habían pedido la máxima sanción, el órgano descartó la expulsión y la desafiliación al considerar aplicable un criterio de “mínima intervención disciplinaria compatible con la gravedad de la falta”.
La exconcejal de Luján de Cuyo, Paloma Scalco, es una de las principales dirigentes del sector de Fernández Sagasti y por eso accedió —en tiempos de unidad peronista— a la Vicepresidencia Segunda del PJ Mendoza.
En contacto con Los Andes, Scalco señaló que “no nos sorprendió demasiado” la sanción, porque sabían que “la intención era aleccionarnos a quienes somos opositores a Alfredo Cornejo y a Javier Milei”.
“Buscan que no participemos en elecciones, ni dentro ni fuera del Partido Justicialista. Así que, sinceramente, no nos sorprendió. Que Carlos Ciurca y Emir Félix me sancionen por creer que hay que construir un espacio opositor a Milei y a Cornejo no hace más que llenarme de orgullo”, refutó la dirigente.
Además, analizó que esta decisión “confirma y convalida el rol que construimos desde el Frente Patria”.
En tanto, indicó que analizan recurrir la resolución ante el Congreso partidario, aunque advirtió que ese organismo “también está controlado por estos dos dirigentes, así que no sabemos si vamos a avanzar por esa vía”.
“La realidad es que no sé si vale la pena, porque los problemas de los mendocinos y de los argentinos están en otro lado, no en la rosca del PJ”, apuntó.
La exconcejal repasó además los principales puntos del quiebre entre el kirchnerismo y el denominado grupo de los intendentes: desde las votaciones divididas en los proyectos del Presupuesto 2026 y la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino, hasta la confirmación de un bloque unificado con La Unión Mendocina en el Senado provincial.
Además, apuntó que el PJ no tuvo el mismo criterio disciplinario contra dirigentes que fueron candidatos por La Unión Mendocina en las elecciones de 2023 y por Provincias Unidas en 2025. “Es una actitud absolutamente discrecional”, indicó.
Y sentenció: “Creo que es una actitud desacertada, cerrada y autoritaria. En vez de abrirle los brazos a más gente y construir un frente amplio, absolutamente opositor, están convirtiendo al PJ en un espacio cada vez más chico y funcional al gobierno de Cornejo”.